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Violencia parlamentaria, los golpes blandos contra la Constitución Política costarricense

El siguiente artículo versa sobre cuestionables irregularidades e inconsistencias constitucionales del proceder de la Asamblea Legislativa en función de las propuestas de modificación del FEES, lo cual implica golpes blandos dirigidos contra la misma Constitución Política

Realidad Nacional 21 de julio de 2020 Sebastián Bermúdez y Fernando Bermúdez
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Sebastián Bermúdez y Fernando Bermúdez Organización Política Carmen Lyra-Costa Rica

Organización Política Carmen Lyra-Costa Rica

ARTÍCULO 85.- El Estado dotará de patrimonio propio a la Universidad de Costa Rica, al Instituto Tecnológico de Costa Rica, a la Universidad Nacional y a la Universidad Estatal a Distancia y les creará rentas propias, independientemente de las originadas en estas instituciones. Además, mantendrá -con las rentas actuales y con otras que sean necesarias- un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal.”

El enfrentamiento que actualmente se está desarrollando en la sociedad costarricense tiene como uno de sus ejes fundamentales la concepción de sociedad que se quiere imponer y la que históricamente nos ha caracterizado y diferenciado. Una evidencia notoria de esta pugna son las nociones entre las personas sentadas en los curules de la asamblea legislativa actual y lo que planteó la junta fundadora de la Segunda República.

El ataque escalofriantemente solapado que desarrollan quienes suscriben el último Dictamen de Mayoría sobre el análisis del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) llama la atención en muchos aspectos, consideramos urgente señalar al menos dos: la intensificación en la necesidad de flexibilizar la autonomía universitaria y la inminente “reducción” en el financiamiento de las entidades públicas de educación superior. A continuación haremos una serie de apuntes no definitivos que buscan ampliar la discusión dentro de la sociedad costarricense.

En primera instancia debemos señalar como un elemento de rigor que en este informe se denota no solo la evidente y profunda degradación del nivel de debate político costarricense, sino también una sintomatología mucho más grave que evidencia las intenciones cuestionables de las voces que dirigen el debate público. 

El dictamen de mayoría, producto de una supuesta “investigación” de la Comisión especial del FEES fue redactado con una carencia particular de los más básicos estándares investigativos, teniendo una ausencia muy evidente de argumentos técnicos y objetivos. Como una mala broma, en el informe se ataca frecuentemente a la formación humanística que proporcionan, irónicamente, las herramientas básicas de investigación, que los diputados ignoran. Parecemos estar enfrentando un neo-oscurantismo temerario.

Carlos Ricardo Benavides, por ejemplo, declara abiertamente que “no le interesa si los datos son falsos, y que esto no será un impedimento para votar a favor del informe” (Véase aquí). Don Carlos Ricardo, al igual que los 9 diputados y diputadas a cargo del informe parecen muy ocupados para hacer su trabajo.

El informe señala que, en Costa Rica se requiere fortalecer el sistema nacional de innovación, a fin de robustecer y diversificar nuestro desarrollo tecnológico, ignorando -al parecer- que son justamente las universidades públicas del país las responsables de la mayoría de los avances en este campo (Léase Aquí), por ejemplo “Con más de 1.200 proyectos de investigación en desarrollo, con el respaldo de una gran infraestructura de apoyo y una labor exitosa  en transferencia,  incubación y emprendimiento, la Universidad de Costa Rica (UCR) cumple con su compromiso de generar conocimiento y aportar en la solución de las diferentes problemáticas del país, además de que se coloca en el primer lugar de  la lista de instituciones de Centroamérica con  más publicaciones científicas. El aporte de la UCR  es de 2.433 publicaciones (21%) del total de publicaciones científicas de la región,  Universidad Nacional (UNA) con 486 (4,2%)” (Consúltese Aquí) (También Aquí).

Si en algo podemos tener claridad en este momento del desarrollo de la historia de Costa Rica, es que muchas de las decisiones que se tomaron en la década de los años 40, fueron decisivas para consolidar un Estado Social de Derecho, en este sentido el desarrollo del pensamiento académico fue planteado con una óptica de avanzada y con un sentido libertario, en tanto no debe haber miedo para que exista libertad, y de ahí que exista el derecho de la autonomía para el desarrollo de un corpus que pretende brindar innovación y ser motor del conocimiento de la sociedad. Gran parte de los logros en materia de salud y tecnología los debemos a los profesionales que trabajan en estas instancias investigativas, y por supuesto a las bases sociales sólidas cementadas en la construcción de la Segunda República.

En esta coyuntura del COVID-19 hemos podido evidenciar el grandísimo aporte de las universidades públicas e instituciones estatales al bienestar y avance tecnológico del país. Peligrosamente los diputados y diputadas descartan este valor social de las universidades públicas en este informe de mayoría. 

Los diputados y diputadas temerariamente buscan sobrepasar sus alcances, sugiriendo incluso modificación a la constitución, sin siquiera recomendar una metodología o un referéndum para hacerlo, esto representa una evidente lesión a la constitucionalidad.  Recordemos, la asamblea crea y modifica leyes, no es potestad de ese poder modificar la Constitución

Por ejemplo el informe recomienda que se incorpore mediante ley de la República a las universidades públicas en el régimen de caja única del Estado. Hacer esto sería equivalente a convertir a las universidades públicas en bancos para las demás instituciones del Estado, lo cual acabaría con la autonomía financiera, de nuevo, los diputados y diputadas desconocen aparentemente la naturaleza formadora de las universidades (Véase Aquí). Al igual que como se ha venido realizando la desfinanciación sistemática de la CCSS, se pretende aplicar la misma lógica neoliberal para acabar con la educación superior pública y gratuita.

Recomendaciones de este tipo son frecuentes a lo largo del dictamen y apelan a la discusión salarial, sin embargo, como es frecuente, los diputados ignoran datos fehacientes, por ejemplo: en la UCR 4 636 personas o el 47% de los empleados de la universidad reciben una remuneración menor a 1 millón de colones, y el 32% recibe una remuneración de entre 1 y 2 millones de colones. Hay 3 417 profesores en interinato, los cuales reciben en promedio un millón trescientos mil colones, y esta es significativamente la mayor masa de personal docente de la universidad (Léase Aquí). 

La discusión salarial debe realizarse, esto ha sido aceptado por las federaciones de las universidades públicas y por los sus rectores, pero para esta discusión existe el marco de la autonomía universitaria, y es en ese marco en el cual debe realizarse, de acuerdo con nuestra Constitución y con los valores de diálogo que ha representado históricamente a nuestro país (Léase Aquí). 

Por otro lado, se habla sobre acercar las necesidades productivas a las agendas universitarias, como si fueran las universidades las responsables de ofrecer soluciones al sector privado, se pretende enfocar el aparato estatal para beneficiar a los sectores de la producción, y ya no a los individuos

Aquí estamos ante una agresión directa a la institucionalidad costarricense y a los principios que han permitido que exista, en Costa Rica, un desarrollo social que pone a los individuos en el centro del aparato estatal.

La perspectiva que manejan los 31 diputados y diputadas que votaron a favor de este dictamen plantea un escenario complejo, donde se utiliza la falacia, la prepotencia y el poder con demagogia en contra de la sociedad costarricense y en contra de los acuerdos fundacionales del conjunto. Es una responsabilidad estudiantil y civil defender lo que constitucionalmente se ha acordado a través de las instancias y vías correspondientes, sin embargo si se agotan esas vías y la demagogia continúa será necesario evaluar los mecanismos que nos permitan garantizar la constitucionalidad.

Ahora que se aproxima la negociación del presupuesto del FEES debemos prestar especial atención a los actores que protagonizarán en ese escenario, un debate de trascendental importancia, y del cual debemos apropiarnos y hacer escuchar nuestras preocupaciones legítimas.

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Modo de citado: 

Bermúdez, S. y Bermúdez, F. (21 de julio, 2020). Violencia parlamentaria, los golpes blandos contra la Constitución Política costarricense. Sección de Derechos Humanos. Más allá de la Cortina. Heredia, Costa Rica: Cátedra Autónoma de Filosofía Política.

 

 

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