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Las propuestas estructurales de la economía costarricense

Heriberto Ordóñez trabajó como editor para La Nación durante cinco años, como asesor en el área de comunicación en la Asamblea Legislativa. Ha laborado como profesor universitario, publicado textos didácticos en gramática y literatura, además de estudios sociales con Siwö Editorial. Publicó en el 2018 la novela “Para amanecer un día” y trabaja actualmente en dos libros de cuentos, dos poemarios y una novela.

Realidad Nacional 01 de agosto de 2020 Heriberto Ordóñez D.
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Heriberto Ordóñez D.

El gran dilema de los gobiernos costarricenses parece haber sido y es hasta hoy, hacer ajustes para sanear las finanzas públicas.

Empecemos por definir qué podríamos entender por finanzas públicas: se trata de una disciplina enfocada a la obtención de ingresos, revisión de gastos y deuda pública de un Estado. Es pues, una rama de las finanzas centrada en dos orientaciones que son competencia del Gobierno: la recaudación de impuestos y el gasto público. 

Las finanzas públicas deberían asegurar sostenibilidad para que el Estado no se vea obligado, por ejemplo, a elevar impuestos o a recortar beneficios de los ciudadanos. Beneficios como la Educación Superior Pública, que se ha visto afectada seriamente en las últimas administraciones, con recortes sustantivos a sus presupuestos o la atención de la pobreza a través de instituciones como el IMAS o el PANI, entre otras. 

Ahora, para sanear las finanzas públicas el Gobierno actual ha implementado medidas que han golpeado seriamente a la clase trabajadora y, especialmente, a los sectores más vulnerables del país, pero en cambio las grandes empresas que reportaron cero ganancias durante 9 años consecutivos, tales como, Florida Bebidas, Cervecería de Costa Rica, Grupo Nación, La Nación S.A., Corporación de Inversiones Credomatic, Claro Costa Rica, Telefónica de Costa Rica TC S.A, propietaria de la marca Movistar, Corporación Megasúper, Universidad U Latina S.R.L. Autopistas del Sol S.A., El Pelón de la Bajura S.A.; son 199 (no las podría mencionar todas aquí), a estas el Gobierno del señor Alvarado no las ha obligado a pagar lo que adeudan. Uno no se puede imaginar que La Nación, Autopistas del Sol, la Cervecería Costa Rica, Credomatic, Claro o Movistar no hayan tenido ganancias durante tanto tiempo. ¿Por qué siguen en esos negocios tan malos? En realidad, lo malo es que los gobiernos de este país se han hecho de la vista gorda con esos desfalcos a las finanzas públicas porque, probablemente, también ellos están siendo beneficiados.

En los últimos meses, cuando se ha hablado de medidas económicas, la coordinadora del Equipo Económico del Gobierno, la señora Pilar Garrido Gonzalo, ha expuesto lineamientos para proteger a los y las trabajadoras; sin embargo, esas medidas, en el fondo están protegiendo básicamente, al sector empresarial. Por ejemplo, cuando se habla de “una moratoria de tres meses al pago de impuestos de valor agregado, renta de empresas y aranceles de aduanas, reducción significativa de la tasa de política monetaria para abaratar los créditos y un seguro para que el turismo pueda enfrentar las cuarentenas por el COVID-19”, parece claro que es una medida para el sector empresarial únicamente. También se ha propuesto “una moratoria tributaria; es decir, una posposición en el pago de los impuestos de renta, IVA y aranceles de aduanas de las empresas y PYMES por un período de tres meses a partir de la entrada en vigencia de la ley.” Visto así, no encontramos beneficios claros para la clase trabajadora. No habla de una moratoria en el pago de luz, agua, ayuda para el pago de los alquileres de las familias más desprotegidas. 

Sí debemos admitir que hay un favorecimiento con la readecuación de los créditos de deudores, incluyendo una posible moratoria en el pago del principal y los intereses por tres meses prorrogables, en particular para los sectores más afectados; empero, si después de esos tres o cuatro meses, esas familias siguen sin posibilidad de reactivar sus economías, no habrá nadie que las salve de perder sus casas, pequeños emprendimientos u otros activos. 

Pero el Gobierno sí se ha preocupado por exonerar insumos tales como la caña de azúcar, carne en canal, harina de soya, sal gruesa, los panes en presentación congelada, listos para hornear. La gran pregunta es ¿a quién están beneficiando? Al pueblo no se le pospondrá el pago de impuestos, no es exportador ni importador, no asiste al pago de aranceles de aduanas, tampoco consume caña de azúcar, ni carne en canal, difícilmente harina de soya o sal gruesa, ni panes congelados. Alguien me dirá que, al eliminarse los impuestos a estos productos, el consumidor final, se verá beneficiado, pero no lo vemos. El azúcar no ha bajado su precio, las carnes y el pan tampoco. Lo que sí parece claro, es que esos productos exonerados de impuestos los requieren sectores empresariales productivos. En cambio, sí hay una carga impositiva en productos normales de la canasta básica como: bistec, carne molida, costilla, hígado, jarrete, hueso de pescuezo, mondongo. A propósito, es muy seguro que en casa de nuestro insigne Presidente, no se coma ni mondongo ni hígado, de forma tal que no le afectará ese impuesto. 

Son muchos los otros productos que llevan esta carga impositiva, es todo lo que usted y yo, los de a pie comemos: pollo, gallina y de estos, las vísceras, los menudos, esos sí tienen la carga impositiva. Estos dos últimos productos tampoco están en la mesa de los que detentan el poder en nuestro país, pero sí en la mesa de muchos y muchas costarricenses pauperizados.

En su momento la exministra Rocío Aguilar dijo: “al país le urge esta reforma tributaria (refiriéndose a la que se implementó el año pasado) para evitar la crisis que se está gestando y mantener el contrato social que hoy disfrutamos como nación.” Yo debo suponer que se trata de un Contrato Social en el que los empresarios tienen derechos y los ciudadanos de a pie tienen deberes, porque no se ha sabido hasta hoy si avanzan las investigaciones para cobrar todo lo que no han pagado por concepto de impuesto las empresas evasoras y, cuando eso ocurra, podemos empezar a creer en un Estado de Derecho, porque esos impuestos fácilmente pagarían la deuda que el Estado mantiene con la CCSS, por ejemplo y, que no paga porque el interés es debilitarla.

Ha habido quienes, como en el caso del exdiputado Otto Guevara, se han pronunciado para eliminar “pluses salariales, aprobar una nueva ley de empleo público para unificar regímenes salariales y cerrar entes públicos obsoletos, como Fanal, BCR, Kölbi, parte de acciones de Recope y la cartera de seguros comerciales del INS, el ICE, la CCSS”, entre otras acciones que contribuyan a la reducción del gasto público. Ahora bien, esta es una práctica que se ha venido implementando desde hace más o menos treinta o cuarenta años. No es nada nuevo. Ya han privatizado ciertas funciones y actividades que eran propias de las organizaciones del Estado. 

En el colmo del cinismo, Óscar Arias decía allá por la década de los ochenta: “Las generaciones vivientes del 2021 preguntarán si los costarricenses de hoy les habremos heredado un país viable, en paz consigo mismo y con el mundo; un país en donde impera la equidad, sano y educado, ordenado y respetuoso de los derechos humanos, capaz de dar oportunidades crecientes a todos y de proteger el equilibrio de la naturaleza; una nación orgullosa de su pasado y en condiciones de contribuir de manera única y valiosa al futuro de la raza humana.” Sin embargo, el señor Arias Sánchez ha sido uno de los que hizo lo indecible por privatizar la CCSS.

Algunas de las acciones de privatización se hicieron a espaldas del pueblo, por supuesto, porque iban en detrimento de este y favorecían a algunas casas empresariales.

En Costa Rica, los procesos de privatización son muy solapados, no aparecen en Canal 7, La Nación o el Financiero, como noticias. 

Se ha tratado de modificar el reglamento de contratación a terceros, eliminando el término inviabilidad, para determinar la imposibilidad de la CCSS de ofrecer los servicios de salud en algunos sectores y así poder otorgar la administración a empresas privadas. 

Todo inicia con propagandas en contra de la supuesta ineficiencia de las instituciones del Estado, primero se le quitan recursos, funciones y potestades, se elimina personal progresivamente hasta que se vuelven, en definitiva, ineficientes y solo queda venderlas a precios irrisorios y luego, como por arte de magia, resultan sumamente rentables para las grandes empresas que compran esos activos.

Esta practiquilla se ha hecho con la CCSS, el PANI, el Concejo Nacional de la Producción y muchas otras instituciones del Estado.

Al parecer el Estado costarricense tiene alrededor de 300 instituciones, “demasiadas” para un país tan pequeño, por eso hay que eliminar, según los politicastros, una cantidad no inferior a las 70, pero que sean, precisamente, las más rentables, no las mirruscas.

La CCSS no la pueden privatizar de un solo tajo porque es demasiado grande, al igual que el ICE, RECOPE o FANAL, pero pueden ir privatizando algunos servicios que prestan estas instituciones con ganancias astronómicas para los empresarios, hasta que llegue el momento en el que sea financieramente insostenible continuar pagando esos servicios; así pues, parece que los mecanismos más sencillos para reducir el déficit fiscal son vender activos del Estado.

Las políticas que no tomen en cuenta el engranaje del Estado de Derecho, incrementarán las asimetrías sociales y podrán provocar un descalabre social sin precedentes en este país.

En Costa Rica, algunos políticos nos han robado hasta la conciencia; si nos devolvemos un poco, no mucho, concluiríamos que todavía estamos pagando el descalabro del Banco Anglo, repartido entre algunos amigotes y políticos. Fue fácil mandar algunos chivos expiatorios a la cárcel y los que se llevaron las mejores tajadas ahí andan gozando de las utilidades. Para muestra un botón:  Corporación PIPASA S.R.L. después de haber dejado de pagar al Banco Anglo alrededor de 2000 millones de colones, ahora es uno de los grandes evasores, que reportaron cero utilidades por varios años.

Estas son las estafas que no son noticia en los grandes medios de comunicación y que atentan contra el Estado de Derecho, esta es la corrupción rampante con la cual se rasgan las vestiduras los politicastros de siempre en las campañas presidenciales. Estas son las propuestas estructurales de la economía costarricense en manos de los Efialtes de la patria.

Fuentes consultadas

Comunicado de prensa. Presidencia de la República: Medidas para proteger trabajadores y empresas ante los efectos económicos del COVID-19

Estas son las grandes empresas que reportaron cero ganancias durante 9 años consecutivos,según Hacienda

Finanzas Públicas 

Cierre de algunas instituciones 

Cerrar o vender instituciones, siguiente paso en reforma fiscal

Comunicado de prensa, Presidencia de la República: Venta de FANAL y BICSA reducirán el déficit fical. 

Ponen precio a 5 instituciones públicas

¡Confirmado! Hacienda señala que es necesario analizar cierre de instituciones 

Es necesario el cierre de algunas instituciones públicas

Ajuste fiscal y gasto social 

Transformación productiva y desigualdad en Costa Rica

 

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