Miércoles 12 de agosto 2020. De acuerdo al OFICIO Nº 09012-2020-DHR, del 29 de julio, la Defensoría de los Habitantes solicitó un informe al Poder Judicial sobre las medidas que han sido implementadas para garantizar el acceso a la justicia a los Pueblos Originarios.
La Defensoría de los Habitantes dirige el oficio a Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte Suprema de Justicia. La Defensoría remite a Cruz Castro una serie de hechos que evidencian las barreras que enfrentan los Pueblos Originarios para acceder a la justicia. Entre los hechos, menciona:
1) el desconocimiento por parte de los familiares más cercanos sobre los avances en la investigación sobre los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jerhy Rivera Rivera;
2) en una reunión realizada en agosto de 2018, la ex Magistrada Carmen María Escoto Fernández recibió un sin número de denuncias contra diferentes instancias judiciales por la discriminación hacia personas indígenas en el trato, atención y trámite de distintas causas. Según informó Escoto todas las denuncias se remitieron a Inspección Judicial. Posteriormente, fueron archivadas y se volvieron a abrir tras el asesinato de Sergio. Sobre ello no hay información aún y la Defensoría también solicitó el informe respectivo al Tribunal de Inspección Judicial;
3) la desestimación de las denuncias respecto al Juez Jean Carlos Céspedes Mora, debido a los nexos de éste con personas no indígenas que poseen tierras en Territorios Indígenas;
4) la coordinación que ha tenido que realizar la Defensoría de los Habitantes para que se atienda a las personas indígenas como si se tratase de un favor; entre otros hechos.
Ante ello, la Defensoría de los Habitantes considera que: “(…) el accionar de la Subcomisión de Acceso a la Justicia ha sido insuficiente en la emisión de observaciones o recomendaciones a las instancias judiciales correspondientes para que se generen las acciones o correcciones necesarias que incidan efectivamente en el mejoramiento del acceso a la justicia. Esto último obliga a revisar las funciones y el alcance de esta sub comisión y, de paso las de otras similares, para fortalecerlas y garantizar así un acceso real a la justicia a todas las personas discriminadas por su condición o situación.
Si bien desde la Subcomisión se han generado procesos de capacitación a funcionarios/as judiciales de la zona de sur, en los que incluso esta Defensoría ha participado como capacitadora, no se percibe un cambio en las actitudes discriminatorias, en parte porque no culminan con una evaluación de los conocimientos adquiridos, ni un seguimiento a la aplicación práctica de los mismos, mediante procesos de evaluación al desempeño del personal judicial.
En virtud de lo expuesto, la Defensoría de los Habitantes estima oportuno solicitar información sobre los procesos de revisión y valoración integral de las comunicaciones que ha emitido el Poder Judicial sobre los obstáculos y las limitaciones que están enfrentando las personas indígenas en el acceso a la justicia, con miras a rectificar los procedimientos y realizar los ajustes necesarios (incluso legislativos a instancias de ese Poder) para garantizar a los pueblos indígenas un acceso real a la justicia pronta y cumplida sin discriminación alguna”.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
