La crisis sanitaria se recarga sobre las espaldas de las mujeres

La desocupación femenina rondó el 30% y la masculina el 20% para el segundo trimestre de 2020. En términos sectoriales, la ECE reveló que las actividades más afectadas por la pandemia fueron, coincidentemente, Hoteles y restaurantes, cuya ocupación bajó en 46%, y Hogares como empleadores, el cual se redujo en 44%; ambos valores expresan el cambio del segundo trimestre de 2020 en relación con el año anterior. 

Las secuelas de la pandemia, y las medidas de contención sanitaria, no sólo evidencian una mayor afectación para las mujeres de menores ingresos, sino que se focalizan en productos de la división sexual del trabajo, las diferenciaciones estructurales entre la población femenina y la masculina en el mercado laboral.

En particular las medidas de reclusión tienen un impacto de contracción en la economía que presenta otra cara en el sistema económico de los cuidados. Así como se recluye la vida social para el resguardo de la salud en los hogares, las dinámicas económicas se trasladan a estas unidades. En ese sentido, el trabajo doméstico tiene la característica de producir bienes y servicios sustitutos de los que se ofrecen en el mercado. En los hogares se sustituyen servicios de salud, alimentación, recreación, a punta de cuidados. 

Las trabajadoras domésticas fueron las primeras afectadas con esta crisis, porque en el seno de los hogares se encuentra el sustituto perfecto del trabajo doméstico remunerado: el trabajo doméstico gratuito, el cual, por la organización de la división sexual del trabajo, sigue siendo desarrollado mayoritariamente por las mujeres. 

Debo alertar que, en congruencia con todas estas señales, la intensificación y feminización del trabajo no remunerado se ha disparado con la crisis. Sin embargo, de acuerdo con una solicitud que realicé al INEC, sobre la fecha de la próxima ENUT, se me indicó lo siguiente: 

En la Ley 9325 establece una periodicidad de tres años, sin embargo, en conversaciones técnicas con personal del Inamu (Instituto Nacional de las Mujeres), se ha recomendado realizarlas cada 5 años, por lo que en este momento, se encuentra en proceso de ajuste de esta Ley para realizar nuevamente la encuesta en el 2022.

Las instituciones muestran poca preocupación por conocer en qué medida ha cambiado el aporte gratuito de las mujeres a la economía costarricense a raíz de la emergencia sanitaria, lo cual es absolutamente lamentable e indignante. 

Además, nos encontramos ante un círculo vicioso donde las medidas sanitarias adoptadas para enfrentar la pandemia, aceleraron la crisis de los cuidados y restringieron aún más nuestro derecho a decidir, lo cual incrementa la repartición desigual de labores, honores, ingresos, ocupaciones, tiempos, y otros recursos, entre hombres y mujeres. 

Sin ánimos de criticar la necesidad de la campaña “quédate en casa”, la política ha implicado un menor acceso a anticonceptivos, reclusión de las mujeres y niñas con sus agresores, reportes de aumentos en embarazos no deseados, aumentos en embarazos de niñas y adolescentes, en el marco de una ola de feminicidios. Al “quédate en casa” le hace falta la problematización de todas las formas de violencia que enfrentamos las mujeres por el hecho de ser mujeres.

Ante toda esta evidencia, nuestros derechos sexuales y reproductivos, nuestro derecho al trabajo, a vivir una vida libre de violencia, y la corresponsabilidad de los cuidados, son elementos irrelevantes para el “progresista” presidente de la República, Carlos Alvarado, para los patrocinadores de las vallas publicitarias contra los impuestos, para las grandes empresas, las dirigencias sindicales y hasta para el “conservador” presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruickshank, cuyas declaraciones contra proyecto del ley del movimiento Aborto Legal Costa Rica hicieron evidente su desconocimiento en materia económica y social, a propósito del hecho de que nuestra economía esté basada en la explotación gratuita de los cuidados.

Es desde esta desatención que se discute entre fuerzas, aparentemente opuestas, sobre el préstamo del FMI y las reformas al Estado. Mientras las poblaciones más afectadas con esta crisis ponen el cuerpo en la disputa social, ejerciendo su derecho a la protesta, la política la orientan los partidos, cámaras y sindicatos que siguen liderados por dirigencias patriarcales, encubridoras de la violencia contra las mujeres.

Sistema económico de los cuidados como clave ausente en el ajuste estructural

Irónicamente el documento retirado por el gobierno, reconoce que el origen de la desigualdad económica, que afecta en mayor medida a las mujeres, es la no corresponsabilidad de los cuidados. Sin embargo, esto no se refleja en ninguna de las medidas propuestas a pesar de las demandas de agrupaciones feministas y ciertos sectores de la academia[1]. Por otro lado, tampoco se considera que el impacto de las medidas regresivas de recorte del gasto público, por las razones ya señaladas, tendrán consecuencias más violentas para las mujeres.

Otro de los elementos que queda por fuera es que la corresponsabilidad está lejos de ser un simple balance entre los trabajos y las remuneraciones de las poblaciones masculina y femenina. Esta discusión debe abarcar también las cuotas de responsabilidad del Estado, la comunidad y, principalmente, las empresas, cuyas ganancias dependen directamente del nivel de bienestar de la población que se garantizan por medio de la economía de los cuidados.

Entre las medidas que podrían presentar un enfoque progresivo, resalta la intención de disminuir el Gasto Tributario (GT), dicho gasto corresponde a las pérdidas en las que incurre el Estado por la exoneración fiscal de algunos entes. No obstante, el documento del Poder Ejecutivo no menciona a las Zonas Francas (ZF), lo cual es de extrañar debido a que Hacienda reconoce lo siguiente: 

El GT en el año 2018 en el impuesto sobre las utilidades a las personas jurídicas, ascendió a la suma de ¢474 486,47 millones, un 1,37% del PIB 2018. El mayor GT se presenta en las zonas francas con un 1,01% del PIB.

¿Cómo espera el gobierno que la población apoye sus políticas si el aumento de los impuestos es desigual? ¿Cómo espera ahora negociar con quienes aprovechan un contexto caótico y preelectoral demandando mayor proteccionismo de las grandes empresas a la vez que negocia con los sectores más empobrecidos a causa de ese proteccionismo? La discusión que no se ha colocado es que el GT relativo a la exención fiscal de las ZF, en los hechos, no sale de la bolsa del Estado, sino de nuestros trabajos no remunerados.

Lo cierto es que ni los cuidados, ni el reconocimiento de nuestros derechos sexuales y reproductivos, se consideran como lo que son: un punto de apalancamiento y una oportunidad de generar recursos frescos. 

Los 6 billones de colones que estimó el BCCR no sólo representan el aporte del trabajo gratuito de las mujeres a la economía, representan lo que no se puede incluir en las Cuentas Nacionales porque no median transferencias monetarias, lo que no perciben los hogares por tiempo y trabajo efectivo, lo que no se traduce en transacciones para los mercados locales, lo que no compensa las transferencias asistenciales del Estado que no han resuelto el problema de la pobreza. ¡La devolución por aumento y creación de nuevos impuestos para los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora es un insulto en relación con esos 6 y 8 billones!

Nuevamente un documento del Estado plantea que “hay que avanzar hacia la universalización de los servicios de cuidados” sin hacer que estos sean efectivamente universales, sin involucrar a las empresas privadas, sin reconocer que es a partir de los cuidados que es posible el desarrollo de todas y cada una de las cadenas de valor de todos los bienes y servicios, que sin los cuidados no hay economía que revivir o reactivar.

La apertura de servicios universales de cuidados por parte del Estado, financiado por las empresas que disfrutan actualmente de exenciones fiscales, constituye una forma innovadora de abrir un mercado, generar recursos frescos, y desmantelar la estructura basada en la explotación gratuita de la mitad de la población. La legalización del aborto, por su parte es un paso hacia la erradicación de la maternidad como obligación de las mujeres, y nuestra reclusión al ámbito privado no remunerado.

Es la inclusión laboral, y no la exclusión, la que garantiza un aumento en la productividad. Las dobles jornadas que hoy desarrollamos las mujeres impactan negativamente nuestros ingresos, pero el hecho que las labores gratuitas se recarguen en la mitad de la población también compromete la calidad de los cuidados de los que se beneficia toda la economía. 

La economía será feminista o no será

La salida a la crisis no consiste en “reactivar”, sino en “reestructurar” ¿Qué de una economía con un déficit fiscal creciente, con inestable aceleración, y permeada por una serie de brechas de género, quieren reactivar las figuras políticas que hoy dirigen nuestro país? 

Cualquier respuesta orientada a defender la mal llamada “reactivación”, resulta una desatención de la división sexual del trabajo como componente orgánico de la crisis. De ese tamaño es el sesgo de género con el que se enfrentan las fuerzas políticas en torno al acuerdo con el FMI.

Nos tocará aprender lecciones importantes en este proceso. El hecho de que las políticas económicas estén orientadas, desde todos los sectores con sesgos patriarcales, sólo induce al error y a la profundización de la crisis. Una reestructuración económica y social debe contener el reconocimiento de la autonomía de las mujeres en todas sus manifestaciones, así como la redistribución equitativa de los recursos, los tiempos y los trabajos entre todos los agentes que componen la economía. 

Sin embargo, estos agentes se aferran a un capricho económico particular que explico en la investigación titulada Transformación de las condiciones laborales de las mujeres ocupadas en el sector manufacturero en Costa Rica para su desarrollo y autonomía económica:

Ciertamente distribuir de manera equitativa el tiempo implicaría, para los que hoy disfrutan del ocio, asumir responsabilidades que les han sido ajenas socialmente; retribuir todos los trabajos domésticos y de cuidados significaría el término de ahorros y beneficios producto de la esclavitud doméstica de las mujeres, así como la apertura de un nuevo mercado de cuidados y apoyos que no esté feminizado.

Las mujeres de los sectores más golpeados por la crisis enfrentan la gigantesca tarea de derribar el capricho de esas dirigencias patriarcales, que hoy orientan la disputa social desde el sesgo, e implementar una agenda propia, más allá de la discusión sobre el FMI. 

Así como el impacto en la transformación social, la economía será feminista o simplemente no será.

Nota: 
 
[1] Tal es el caso de la agrupación Mujeres en Acción y la Escuela de Economía de la Universidad Nacional quienes plantearon sugerencias que van por la ruta del reconocimiento, la redistribución de los cuidados y la implementación de medidas impositivas progresivas.

Fuentes consultadas

Banco Central de Costa Rica. (2012). Revisión del Programa Macroeconómico. San José, Costa rica.

Banco Central de Costa Rica. (2017). Cuenta Satélite de Trabajo doméstico no remunerado, Aspectos metodológicos y principales resultados. San José, Costa Rica: División Económica.

Comisión Económica para América Latina y El Caribe. (2012). La crisis financiera internacional y sus repercusiones en América Latina y El Caribe. Naciones Unidas.

Consejo Económico, Poder Ejecutivo del la República de Costa Rica. (2020). Plan para superar el impacto fiscal de la pandemia. San José, Costa Rica.

Espino, A. (2012). Perspectivas teóricas sobre género, trabajo y situación del mercado laboral latinoamericano. En ONU Mujeres, La economía feminista desde América Latina: Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región (págs. 190-246). Santiago, Chile: ONU Mujeres.

Esquivel, V. (2012). Cuidado, economía y agendas políticas: una mirada conceptual sobre la “organización social del cuidado” en América Latina. En ONU Mujeres, La economía feminista desde América Latina: Una hoja de ruta sobre los debates actuales en la región (págs. 141-189). Santo Domingo, República Dominicana: ONU Mujeres.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2017). Encuesta Nacional de Uso del Tiempo. Montes de Oca, Costa Rica.

Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2020). Encuesta Continua de Empleo. Montes de Oca, Costa Rica.

Jiménez, D. (Agosto de 2020). Transformación de las condiciones laborales de las mujeres ocupadas en el sector manufacturero en Costa Rica para su desarrollo y autonomía económica. Tesis de grado. Heredia, Costa Rica.

Ministerio de Hacienda. (2018). El Gasto Tributario, Metodología y Estimación. San José, Costa Rica.

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Modo de citado: 

Jiménez Montero, D. (08 de octubre, 2020). Crisis de los Cuidados, FMI y ajuste (Segunda parte). Feminismos. Más allá de la Cortina. Heredia, Costa Rica: Cátedra Autónoma de Filosofía Política.