El modelo de país que fue fundado a partir de la Constitución Política de 1949 ha venido debilitándose desde la década de 1970, con la aprobación de los primeros programas de ajuste estructural. El modelo administrativo social-democrático, que ya entrañaba esquemas complejos de argolla y corrupción, está siendo desplazado por un modelo neoliberal. Con esto, todos los valores que imperaron en la identidad nacional, la ética y los principios políticos del modelo social-democrático han sido vaciados de contenido y a partir de lógicas pragmáticas y de mercado, sin ninguna rigurosidad histórica y conceptual, están siendo cargados de significados demagógicos que han transformado drásticamente la identidad nacional en algunos sectores de la población. El amor a las instituciones públicas ha sido transformado en odio. La legitimidad de las manifestaciones populares de los movimientos sociales en vagabundería, vandalismo y delincuencia. El papel importante de los sindicatos para un sistema plural de democracia, en rencores y desprestigio mediático.
Todo lo anterior también representa un cambio en el modelo de educación política. Conceptos importantes de la enseñanza de los estudios sociales y la educación cívica hoy en día no se encuentran claros entre las masas y esto responde a medios de comunicación masiva adecuados al modelo neoliberal, el manejo perverso de algunas organizaciones de las redes sociales y algunos políticos irresponsables.
Se nos ha hecho ver que existe una clase política exonerada de todo castigo judicial por el desmantelamiento de las instituciones públicas y la culpa de la mala administración de estas instituciones (que corresponde a la llamada clase política) es cde las y los empleados públicos. Se nos dice que estas instituciones no sirven y que deben desaparecer, lo que es igual a constituirse en negocios privados. La capacidad de diálogo plural y democrático ha sido atrofiada por la chota, la ignorancia de la demagogia y el conductismo político.
Con ello, nos han hecho incapaces de ver que la mal llamada clase política, cuando ejerce funciones públicas, está regulada por principios básicos de la justicia y que debe responder a tales principios y a naturalizar la impunidad del fraude fiscal y la corrupción. Finalmente, se nos ha hecho no comprender que la privatización de las instituciones públicas es la privatización de la salud, la educación, el agua, la electricidad y muchas otras cosas que nos brindan calidad de vida.
En medio de este contexto, las manifestaciones sociales son necesarias, pero los movimientos se dividen y atacan, debido a los mecanismos que han elegido para luchar. Algunos sectores sociales han elegido la calle, ejercer el derecho legítimo a la resistencia y la desobediencia civil que entraña los principios fundamentales de la democracia y la doctrina jurídica fundamental del estado. Otros han participado de mesas de diálogo con el gobierno y han logrado acuerdos importantes para legitimar otras fases de la lucha, exigiendo el cumplimiento de estos acuerdo. Pero un bando ataca al otro y viceversa. No hay una comprensión estratégica de la importancia y la necesidad de ambas medidas de presión.
Sin la participación de una oposición en las mesas de diálogo, los acuerdos hubieren favorecido aún más al gran empresariado y, a pesar de que no son vinculantes, constituirían una excusa más para legitimar, desde gobierno de Carlos Alvarado y la Asamblea Legislativa, los descarados procesos de privatización del estado que tratan de imponernos un nuevo programa de ajuste estructural solapado. Muchas propuestas no podrán ampararse mediáticamente en en estos acuerdos, debido a una fuerte oposición con participación activa del BUSSCO.
Por otra parte, en aquellos acuerdos donde se ha logrado dejar en el papel algo favorable para los sectores populares, constituyen un elemento para argumentar la exigencia de su cumplimiento, a partir de otros mecanismos de lucha que pueden ir desde otros espacios que busquen legitimarlos hasta la protesta social en las calles. Con esto queda expresada nuestra posición al respecto de la importancia de las mesas de diálogo.
Ahora hablemos de las protestas en las calles. Sin las manifestaciones convocadas en una primera instancia por personas dedicadas a la minería artesanal en Abangares y luego por el Movimiento Rescate Nacional, estas mesas de diálogo no hubieran sido posibles. Más allá de eso, sin la presión social en las calles, el empresariado, principalmente las cámaras de exportación, hubieran arremetido con discursos más violentos para legitimar acuerdos a su favor y desmantelar el Estado. O sea, las manifestaciones en las calles han sido un freno momentáneo, que esperemos pueda seguir conteniendo, los intereses más avaros y perversos de quienes pretenden acabar con la institucionalidad costarricense.
Yendo más a fondo, el realismo político enseña que las élites y los grupos de poder no están dispuestos a negociar, a menos de que la contraparte tenga algo que quieran, que les interese, que necesiten o que afecte sus intereses. El golpe que dan los movimientos sociales en las calles a la economía de las familias y empresas más ricas del país es un elemento de fuerza social capaz de frenar sus intensiones.
Como podemos ver, desde esta perspectiva, ambos mecanismos de presión social no son excluyentes y se complementan adecuadamente para defender el estado social de derecho costarricense. Es a partir de esto que realizamos un llamado a todos los sindicatos y movimientos sociales a limar asperezas y entablar puentes de comunicación asertiva para articular un bloque social más fuerte, frente al gran empresariado que pretende dejarnos sin la riqueza colectiva que nos pertenece a todos y todas.
