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Cómo enfrentó Bolívar la corrupción en la campaña de Carabobo

"Pero sí hubo algo en lo que Bolívar fue sumamente implacable fue con la corrupción.  Ponerle freno a la corrupción implicaba no tener contemplación, ya fuera con amigos del círculo más cercano o con parientes directos. Desde 1814 aplicó la pena de muerte y llevó al paredón a varios corruptos que se apropiaban indebidamente del dinero del estado. "

Reflexiones 10 de enero de 2021 William García
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Simón Bolívar

La lucha contra la corrupción en la campaña de Carabobo es un tema que quizás resulte extraño a los lectores.

Lo cierto es que a pesar de ser un asunto clave para la comprensión integral de la revolución independentista jamás ha sido abordado por la historiografía tradicional. A diferencia de la acción bélica que nos enfrentaba a los españoles, esta fue contra un enemigo interno. 

Sin embargo, para facilitar su comprensión, es necesario primero, examinar el contexto en donde se fragua un duro combate contra este flagelo social. En este sentido nos encontraremos con que el presupuesto y la logística requerida para librar una batalla contra un imperio poderoso llevaba al ejército venezolano a realizar colosales esfuerzos que comprometían la solvencia económica de la nación adquiriendo enormes deudas con el extranjero.

Se trataba de una lucha no solo con las armas militares sino contra un ataque sistemático a la moneda que producía una espantosa escasez de circulantes y por consiguiente una alarmante inflación, al punto que obligó a Bolívar a legislar paulatinamente en materia monetaria.

Las costas estaban prácticamente bloqueadas e impedían el acceso a los bienes y servicios no solo del ejército sino también para la población. Los soldados y oficiales ingleses que no vinieron a ayudarnos de gratis, reclamaban constantemente su pago y hasta ejercían presión para que su remuneración mensual no tuviera atrasos. 

La situación era tan comprometedora que en un momento tan crucial Bolívar se vio en la necesidad de disminuir la escuadra patriota, reduciendo el número de barcos en el mar Caribe y en consecuencia, dio libertad absoluta al otorgamiento de patente de corso para enfrentar el cerco comercial empleado por los españoles en la zona antillana, y había que hacerlo porque esto afectaba la adquisición de recursos. De hecho, los principales comandos y cuarteles remitían constantemente oficios en donde se reflejaban la urgencia de fondos para cubrir los costos de la campaña. 

Este era prácticamente el panorama que se vivía a escasos meses de una batalla tan campal y decisiva como Carabobo. Sin embargo, el gobierno no escatimaba esfuerzos en buscar los recursos donde fuera para atender las necesidades del pueblo y del ejercito, una de las vías fueron los empréstitos que en cierto modo comprometían la República a un endeudamiento cuantioso, pero al fin y al cabo se trataba de un sacrificio sin precedentes para alcanzar la independencia. 

Otro mecanismo fue el comercio de mulas y el canje de tabaco con las colonias caribeñas. Asi se paliaba el brutal embargo comercial que impedía la entrada de divisas procedentes del principal ordenador económico de la época, como lo era la exportación de cacao, la cual en manos del monopolio comercial español y quien tenía bajo el absoluto control las costas venezolanas. En consecuencia, permitir actos de corrupción, como expresaba el mismo Bolívar “era un crimen”.

Entrando de lleno en el tema veremos que dilapidar los fondos públicos en un contexto tan álgido como la campaña de Carabobo solo tenía cabida en seres inmorales y sin conciencia patriótica, dominados por la desmedida ambición y la ignorancia. Decía Bolívar en una sus cartas a su hermana María Antonia en 1825 desde Lima que “El ignorante, que está próximo a revolverse en el lodo de la corrupción”. El  no comprender la situación y caer en esas depravadas conductas rayaba en la moral de quienes tenían la hacienda pública bajo su  responsabilidad. 

Pero sí hubo algo en lo que Bolívar fue sumamente implacable fue con la corrupción.  Ponerle freno a la corrupción implicaba no tener contemplación, ya fuera con amigos del círculo más cercano o con parientes directos. Desde 1814 aplicó la pena de muerte y llevó al paredón a varios corruptos que se apropiaban indebidamente del dinero del estado. 

A pesar de esta severa medida, Bolívar tendría que enfrentar en la campaña de Carabobo esta flagelo heredado de la colonia, que pese a ese drástico castigo, el robo descarado no había cesado. No obstante, en 1818 había dictaminado un decreto mediante el cual facultaba a cualquier ciudadano, venezolano o extranjero, para de denunciar cualquier hecho de corrupción, es decir, le había otorgado al pueblo la potestad de ejercer, lo que hoy conocemos como “la contraloría social”. 

Aquí bien vale la pena acotar lo que señala el historiador José Carrillo Moreno en  su libro “Bolívar y el concepto del pueblo, p. 4. 1973”, en el cual decía  que  “Bolívar era un líder con los oídos puestos en las voces del pueblo”, al respecto veremos un oficio ordenado por el Libertador desde su Cuartel General de la Casa La Blanquera en San Carlos y despachado por Pedro Briceño Méndez al Ministro de Hacienda, el 15 de junio de 1821, a menos de un mes de la victoria en las sabanas de Carabobo.

En esta carta comunica “Adjunta encontrará US. la contestación que en 22 de Abril me dio S.E. el Vicepresidente de Venezuela a la orden que en 27 de marzo le comuniqué para que se suspendiese a los empleados de rentas de la Provincia de Guayana, y averiguase su conducta. Antes de ahora he instruido á US de esta disposición que se vio S.E. obligado á tomar para acallar las quejas y murmuraciones populares que públicamente aclamaban contra la Administración de Guayana. He contestado al Vicepresidente de Venezuela que S.E. (Su Excelencia) ha aprobado las Providencias que dice había dictado en cumplimiento de la orden” (Memorias de O’Leary. Tomo XVIII. Ministerio de la Defensa. 1981, p.  328-329). 

En la misma comunicación gira otras instrucciones pero esta vez contra un hecho más escandaloso y en donde Briceño Méndez le expresa al mismo ministro “posteriormente ha recibido S.E. el Libertador quejas iguales contra el Intendente de la Provincia de Cumaná acusándole de haber dilapidado, malgastado y aún apropiándose almacenes enteros de cacao, cueros y otros frutos, y de mercancías…S.E. el General Mariño es uno de los delatores y se refiere á uno de los comerciantes de Margarita llamado Moráles, que ha comprado una gran parte de aquellos frutos y efectos” (Ibídem, O’Leary, 239. 1981). 

La denuncia releva más adelante las consecuencias de esta deplorable conducta, siendo el mismo Briceño Méndez quien al referirse a la denuncia de Mariño, señala “añade  además, que nuestro ejército de Oriente Libertador de aquella costa, estaba desnudo y carecía de subsistencias, porque el intendente rehusó prestarle el menor socorro, ni áun de los intereses que el valor y la sangre de nuestros soldados habían adquirido” (Ibídem, O’Leary, 239. 1981). 

En estas circunstancias tan dolorosas descritas por Morillo, era evidente que no podía haber contemplación ni complicidad con un ladrón de este calibre que afectaba material y moralmente al ejército y a la revolución independentista. En consecuencia apunta “semejante conducta debe someterse á un juicio severo, S.E. quiere que lo proponga US. Así á S.E. el Vicepresidente para que se comunique la órden de suspensión y juicio al Vicepresidente Departamental” (Ibídem, O’Leary, 239. 1981). 

Por lo general eran los llamados eruditos los implicados en actos de dilapidación y malversación de fondos, por el hecho de ser según los patrones de la época, los únicos facultos para desempeñar cargos en la hacienda pública.  Pero la rectitud de Bolívar no daba cabida para que unos ladrones y abusadores le empañaran su arrolladora campaña. No obstante, diría años más tarde “Yo tengo pruebas irrefragables del tino del pueblo en las grandes resoluciones, y por eso es que siempre he preferido sus opiniones a las de los sabios” (Simón Bolívar. Perú, 27 de abril 1826).

Así vemos la rigidez de Bolívar para castigar y aplicar las medidas legales y correctivas este tipo de depravaciones que impactaban negativamente en la subsistencia de nuestro ejército y la moral pública. 

Ese mismo día, 15 de junio e igualmente desde al Blanquera despachan una comunicación, pero esta vez al Ministro de Relaciones Exteriores, ya que se trataba de un asunto del extranjero en donde se vería involucrado un reconocido oficial del ejército republicano de origen escoses. Se trataba del general Gregor Mac Gregor. El oficio señala lo siguiente “Incluyo á US. La correspondencia que ha recibido S.E. el Libertador  Presidente, del señor J. María Real que agenciaba en Londres una misión del Gobierno de Nueva Granada ántes  de su reunión con Venezuela. Las acusaciones y cargos que se imponen contra el General Mac-Gregor son de la mayor gravedad, y merecen que se eleven al Congreso General (es decir al Congreso de Cúcuta. Uno porque Mac Gregor era diputado electo a dicho congreso y otro porque era un asunto que tocaba la política exterior) para que pronuncie si es ó no, a ocupara entre la Representación nacional que há ultrajado, usurpándose los títulos y derechos de la soberanía del pueblo de un modo ridículo y degradante de la dignidad de nuestra causa” (Ibídem, O’Leary, p. 329. 1981). 

Los delitos de Mac Gregor eran por estafa y usurpación. Al llegar al norte de Nicaragua, se hace llamar "su Alteza Real el Príncipe Gregor I, Cacique de Poyais". Pese a estar casado con Josefa Antonia Lovera, prima de Simón Bolívar y ser uno de los 5 diputados por la provincia de Margarita ante el Congreso Constituyente de Cúcuta de 1821; el Libertador no toleró esta pervertida conducta, al contrario señala la orden que “S.E. crée también que convendría publicar los documentos que acompaña el señor Real, para que conozca el pueblo á su pretendido Cacique y para que recaiga sobre éste el oprobio que justamente merece por su escandalosa ambición y loca conducta” (Ibídem, O’Leary, p. 329-330. 1981). 

A este oficial escoses le abren un juicio y huye a Europa en donde se dedica a la estafa, perdiendo la oportunidad de inmortalizar su nombre en Carabobo, pero la disciplina y el principio moral en Bolívar estaba por delante de todo, no admitía delitos ni conductas indecorosas. Esta rectitud la vamos a evidenciar contra otro hecho de corrupción, cuando solo restaban tres días para batir al enemigo y lograr la libertad en inmortal campo de Carabobo.

En esta oportunidad el ejército patriota se encontraba en el caserío Las Palmas del hoy municipio Lima Blanco del estado Cojedes, pero en esta ocasión se trataba del atropello al  indefenso pueblo campesino del mencionado caserío.

 Desde estos parajes el general Pedro Briceño Méndez oficia al Coronel Ambrosio Plaza para comunicarle que “el ciudadano Francisco Escobar portador de este se queja de que el Batallón Anzoátegui en la marcha de de hoy le saqueó una carga de papelones”  (Ibídem, O’Leary, p. 337. 1981).
 
La orden de Simón Bolívar fue expresa y contundente, la misma es ordenada en la mencionada correspondencia, en donde se señala  “S.E. el Libertador quiere que US. haga la averiguación, y si resultare verdadero el hecho, que arreste US. á todos los jefes y oficiales del batallón que hubiesen presenciado ó sabido el saqueo, y que no lo hayan impedido. Además hará US. que se paguen diez pesos al dueño del papelón, y que se descuente esta cantidad al cuerpo que hizo el saqueo, comprendiendo también a los jefes y oficiales” ”  (Ibídem, O’Leary, p. 337. 1981). 
 
Pero cuando se trata de abuso y corrupción, nadie es indispensable. El Batallón Anzoátegui cargaba con una importante misión como lo era el de mantener cubierta la línea entre Tinaquillo, Tinaco y El Pao, durante los días previos a Carabobo. Había logrado tan delicada responsabilidad de atacar y derrotar al enemigo que amenazaba la retaguardia de las tropas patriotas por el territorio paoense, pero hasta el mismo Coronel Ambrosio Plaza, al mando de dicho batallón y que comandó la Tercera División en la batalla de Carabobo no fue exento de esta sanción pecuniaria y disciplinaria.  .  
     
Un momento tan convulsivo y determinante demandaba mano dura en el control del erario público, de lo contrario el presupuesto para atender las necesidades de la guerra se vería seriamente afectado y la percepción pública hacía la dirigencia de la revolución independentista sería cuestionada.

Quizás por la vigencia del Tratado de Regularización de la guerra durante la campaña de Carabobo se ablandó la medida, disminuyendo el carácter de la condena del fusilamiento, a solo la destitución, reparación de los daños y la cárcel. No obstante, cuatro años más tarde, el 12 de enero de 1824 decreta la pena de muerte para todos los funcionarios públicos que hayan “malversado o tomado para sí” parte de los fondos de la nación.

Al tomar en cuenta su contenido expreso en los dos considerando que dicen textualmente “1°–Que una de las principales causas de los desastres en que se han visto envuelta la República, ha sido la escandalosa dilapidación de sus fondos, por algunos funcionarios que han invertido en ellos; y el 2°–Que el único medio de extirpar radicalmente este desorden, es dictar medidas fuertes y extraordinarias, he venido en decretar” nos damos cuenta el grado de conciencia de Bolívar sobre el daño causado por actos de corrupción a la revolución emancipadora.

En consonancia a la lucha contra este mal social decreta en dicha disposición, en su Artículo 1°–Todo funcionarios público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber malversado o tomado para sí de los fondos públicos de diez pesos arriba, queda sujeto a la pena capital” mientras que en su Artículo 2°–Los jueces a quienes, según la ley, compete este juicio, que en su caso no procedieren conforme a este decreto, serán condenados a la misma pena”.

 Para evitar la complicidad interna agregaba en su Artículo 3°–Todo individuo puede acusar a los funcionarios públicos del delito que indica el Artículo 1°2”, dándole así la potestad al pueblo que ayudara a combatir la corrupción desatada. 

Este asunto lo veía el Libertador tan complicado que no se detuvo en expresarlo apenas e tres días de este dictamen, el 15 de enero de 1824 a María Antonia que “La impunidad de los delitos hace que estos se cometan con mayor frecuencia. Al fin llega el caso en que el castigo no basta para reprimirlo”. Pero con estas medidas Bolívar se ganaría muchos enemigos “ignorantes que se envuelven en el lodo de la corrupción” por encima de los intereses de la nación y el bienestar de la mayoría.

A manera de conclusión tenemos que el cuerpo conceptual de la doctrina bolivariana se iba forjando al fragor de la lucha y uno de los principios tan elementales de su pensamiento como es el ideal de la anticorrupción ha sido poco reflexionado. ,Un verdadero bolivariano debe fustigar, enfrentar y hacer que no quede impune esta deplorable conducta.

Como no hacer resaltar en estos momentos tan importantes de la patria, que la corrupción es un flagelo, y que nuestro Bolívar lo ataco con vehemencia hasta su sepulcro, hoy día cuando el traidor se viste con camisa prestada de revolución, es hora de que nosotros Pueblo, hagamos valer la razón de la moral y la ética social, hay que denunciar al corrupto y hacerlo que rinda cuentas ante la justicia del hombre y la divina

 

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