En Costa Rica algunas familias han gobernado desde el siglo XIX, después de la independencia política de España. Estas familias han sabido mutar y adaptarse a las nuevas formas de poder a lo largo de todo este tiempo y es debido a esto que han conformado importantes y sólidos grupos de poder.
Este proceso de adaptación a los tiempos ha hecho que estos grupos de poder pasaran de ser oligarquías cafetaleras a conformar mega-empresas y entablar negociaciones estratégicas con capitales extranjeros, con el fin de conservar y aumentar su poder. Desde hace mucho tiempo, pero con más ahínco durante la segunda década del siglo XXI, las mega-empresas de estos grupos de poder han puesto su mirada en la salud pública, los seguros, la educación universitaria y secundaria, el acceso al agua, la electricidad y las telecomunicaciones.
En un mundo inestable, donde las grandes potencias oscilan movimientos peligrosos que podrían conllevar o a una guerra total o al declive interno de potencias como Estados Unidos, estos grupos de poder han encontrado el contexto perfecto para promover la privatización de los activos del estado y tratar de “guardar debajo del colchón” cuanto poder económico sea posible, debido a la incertidumbre del futuro.
Otro aspecto de interés para esta radiografía o historia de un secuestro es que estas mega-empresas generalmente son las patrocinadoras de los partidos políticos hegemónicos (llámese PLN, PUSC o PAC) y de otros fundamentalistas religiosos o ultra-derechistas, para generar un contexto político favorable a sus avaros y perversos intereses.
A partir de un sistema electoral, esa especie de ritual sagrado de una democracia liberal que agoniza en todas partes del mundo, alguno de esos partidos políticos llegan al gobierno y al hacerlo, literalmente se hincan frente a sus dioses oligarcas y juran lealtad a una logia, no religiosa, aunque sí en parte, pero que se considera la dueña de Costa Rica.
¿Qué es el gobierno? El gobierno comprende un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial y gobiernos locales. Quienes llegan a los puestos de gobierno, en la mayoría de los casos, se caracterizan por un servilismo a partir del cual ejercen su poder para velar por los intereses de las mega-empresas de los grupos de poder de esas ya añejas y desgastadas familias. O sea, promueven una administración, leyes y decretos que debilitan y obstruyen el accionar de las instituciones públicas para promover un ambiente general en contra de estas e ir encaminándolas hacia su privatización.
En otras palabras, vienen por la privatización de la salud, el agua, la electricidad, la educación, la salud, las telecomunicaciones e incluso los suelos. Este proceso se ve amalgamado por otro tentáculo de estos grupos de poder, constituido por los medios de comunicación masiva e inversión en inteligencia para generar un ambiente de ignorancia y violencia en las discusiones políticas en las redes sociales.
A partir de todo esto, se genera un macro-discurso en contra de las instituciones públicas y el poder ejecutivo nombra altos jerarcas para las instituciones que no busquen administrarlas para que sean efectivas y funcionales, sino para debilitarlas y hacerlas ver como inútiles e innecesarias.
En contraste con esto, la Constitución Política comprende y deriva de una cantidad limitada de principios básicos de la justicia que determinan el alcance jurídico de las magistraturas y definen sus verdaderas funciones. El ejercicio público del ejecutivo, el legislativo, el judicial, los gobiernos locales, los altos jerarcas de las instituciones y demás empleados y empleadas públicas debe responder a estos principios básicos y estos no deben pretender actuar más allá de lo que establece la Constitución Política o el límite más general del poder político nacional.
Sin embargo, podríamos decir que las familias que hemos mencionado y sus grupos de poder constituyen una facción, en medio de otras facciones de poder que constituyen la figura de lo gobernado. Ahora bien, quien es gobernado acepta serlo de acuerdo con las normas establecidas para un estado social de derecho.
En este sentido, independientemente de quien gobierne (aunque sabemos que siempre lo hace quien se ha hincado ante los grupos de poder) debe velar por fortalecer el estado, generar bien común y bienestar para todas las facciones y no para aquella que está constituida por unas cuantas familias y sostenida en el poder por una serie de lacayos y lacayas.
Las instituciones públicas bien administradas deben generar bien común, no solo para las mega-empresas de los grupos de poder, sino, y principalmente, para las actividades comerciales y productivas de la población promedio, sin corrupción ni engaño.
Uno de los problemas más grandes en Costa Rica, y en muchos países de Nuestra América, es que quienes forman parte del poder ejecutivo, del legislativo, judicial, los altos jerarcas y muchas personas de los gobiernos locales no se sienten funcionarios públicos, no le cobran impuestos a las mega-empresas de los grupos de poder y sus socios trasnacionales y le echan la culpa del mal manejo de las finanzas del estado a la persona empleada pública común y corriente.
Esto es lo que la economía del libre mercado trata de imponernos e incluso muchas de las personas que la defienden tienen la desfachatez de llamar ineptas e ignorantes a las personas que no asumen sus supuestos de privatización como principios incuestionables y defienden a las instituciones públicas y a la y el empleado público raso, en las redes sociales.
El modelo de mercado neoliberal no se puede cuestionar en las redes sociales y la política hegemónica de nuestra época, así como en la antigüedad griega no se podía cuestionar al “hombre”, en la Edad Media europea, no se podía cuestionar a Dios o en la Modernidad, también europea, no se podía cuestionar al Estado.
A modo de conclusión, este mercado neoliberal, al que tratan de adecuarnos ideológicamente la mayor parte de nuestros días, no es otra cosa que la máxima expresión de los deseos de avaricia de los grupos de poder de Costa Rica, los cuales, sin ninguna ética, corrompiendo cualquier concepto de democracia liberal (terminología que fue su avatar en la segunda mitad del siglo XX, contra el comunismo) y promoviendo la demagogia, no se conforman con haber secuestrado el estado y ahora quieren repartirse lo poco que queda de la riqueza común, entre sus uñas despiadada.
