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De empleado público a terrorista: el caso de criminalización de Carlos Andrés Pérez

Carlos Andrés Pérez es una persona luchadora y funcionario público de Costa Rica que ha sido injustamente criminalizado por un sistema judicial débil y cuestionado.

Realidad Nacional 09 de mayo de 2020 Javier Carvajal
Carlos andres 1
Carlos Andrés esposado sometido a un juicio político
¿Sabotaje a RECOPE o al Estado Social de Derecho?

“La libertad es como la mañana. Hay quienes esperan dormidos a que llegue, pero hay quienes desvelan y caminan la noche para alcanzarla.” Subcomandante Marcos. 

Un año, siete meses y veintisiete días, es el tiempo que lleva Carlos Andrés sometido a un proceso judicial que le criminaliza a partir de acusaciones falsas y que desde el 11 de setiembre del año 2018 le ha atormentado y causado daños de imposible reparación tanto a él, como a su familia.
En cualquier estado de derecho debe existir la presunción de inocencia, esto quiere decir que nadie puede ser declarado culpable de un delito sin antes haber tenido un debido proceso y además, tener la posibilidad de ejercer el derecho de defensa con las garantías procesales que esto conlleva. 
Carlos Andrés no tuvo estos derechos, los medios de comunicación masiva se encargaron en minutos de ponerlo en el lugar más odiado de la sociedad, la cara de Carlos Andrés circuló por los principales medios propagandísticos del gobierno y el capital, inclusive el presidente Carlos Alvarado Quesada del Partido Acción Ciudadana (PAC) salió en cadena nacional condenándolo y solicitando las penas más altas en contra de un humilde trabajador que se manifestaba en contra del gobierno, el mismo presidente que habla del debido proceso y el principio de inocencia, cuando se le ha cuestionado a él o a sus compinches del gobierno. 
Carlos Andrés se organizó junto a otras personas trabajadoras, entendieron que defender a RECOPE significa defender la seguridad social, proteger el trabajo con el que le da de comer a su familia.
El plan fiscal contra el que se manifestaba gran parte de la población nacional, no sólo afectaba a RECOPE, sino que afectaba a las clases que han sido empobrecidas históricamente, mediante la aplicación de la receta neoliberal (que gobierna en Costa Rica hace más de tres décadas), que pretendía seguir reduciendo los programas sociales, mientras se privatizaban los servicios esenciales y el estado se replegaba ante las demandas de los grupos dominantes, por ejemplo incluir una amnistía tributaria en el combo fiscal. 
Entender la rabia de millones de costarricenses como Carlos Andrés, es un poco más sencillo si vemos que dicha amnistía tributaria incluida en el “proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas”, significaba el perdón de deudas millonarias a los sectores que acumulan la riqueza del país, mientras que la crisis fiscal se le reprochaba a las clases con menos ingresos y serían estos sectores quienes tendrían que pagar la crisis económica que los políticos y las mafias empresariales han causado en las finanzas del estado.
Ésta amnistía tributaria, fue percibida por el pueblo como un robo, pues el 90% de los montos perdonados se concentró en las manos de veinticinco personas físicas o jurídicas, mientras que el 10% restante se dividió entre más de catorce mil personas. Lo anterior demuestra que el plan fiscal sólo beneficiaba a unos pocos, mientras castigaba con impuestos a las grandes mayorías. 
El plan fiscal pretendía destruir el estado social de derecho y era una mezcla perfecta para llevar a un país a la pobreza al cargar con más impuestos a los sectores populares a través del IVA, cobrar impuestos a instituciones como a las universidades públicas, perdonar miles de millones de colones a grandes empresas y exonerar a universidades privadas y en general al sector empresarial.
Según el Ministerio de Hacienda, el monto perdonado a 25 empresas representa 175 mil millones de colones y 194 mil millones sería el total de montos perdonados en la amnistía tributaria, lo que significa seis años de recaudación de impuestos con el IVA a la canasta básica.
A todas luces resulta evidente que el plan fiscal que aprobó el gobierno en contra de la voluntad popular y en medio de una de las huelgas más prolongadas en la historia de nuestro país, es una completa irracionalidad, carente de sustento teórico y lógico que justifique el empobrecimiento de la clase trabajadora para proteger los intereses económicos de los grupos hegemónicos. Todo esto justifica las huelgas, las acciones populares que reclamaban justicia y que fueron cínicamente calladas por el aparato represor del estado y el capital.
Carlos Andrés ya fue juzgado, fue condenado públicamente y etiquetado como terrorista, fue utilizado como un chivo expiatorio para aleccionar a los movimientos populares y a quienes se atreven a pensar de manera crítica. Esto ahora significa que una persona humilde, trabajadora y honrada se encuentra sin salario y con múltiples dificultades para ser contratado por alguien. Carlos Andrés se acuesta todas las noches sin poder conciliar el sueño pensando en qué hacer para pagar sus deudas y satisfacer las necesidades básicas familiares. Aunque la sentencia del proceso al cual ha sido injustamente sometido sea absolutoria, él ya ha sufrido el peso de la criminalización y del linchamiento de la dictadura mediática.
La resistencia continúa, por eso él se sigue organizando junto a sus compañeros y compañeras de lucha, porque a pesar de que en Costa Rica se violentan sistemáticamente los derechos humanos, hay quienes, como Carlos Andrés, no se cansan de soñar por una sociedad más justa. El terrorismo de estado no lo somete ni quiebra su voluntad política de ser un luchador social.
Tuvimos el honor de conversar con Carlos Andrés Pérez, víctima del sistema judicial y con María Trejos Montero, quien fue una de las personas que acompañó este proceso y forma parte de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU).
Debido a la importancia que recae en hacer visible la humanidad de las personas que han sido criminalizadas por defender los derechos humanos. La necesidad de escucharles, devolverles ese privilegio de hablar y ser escuchadas. De saber en sus propias palabras lo que les ha afectado los más perversos mecanismos de violencia, reproducimos aquí los resultados de nuestra entrevista a Carlos Andrés Pérez y María Trejos Montero.

Diálogo con Carlos Andrés: el castigo continúa, el dolor persiste. 

- ¿Cómo le ha afectado este proceso de criminzalización y judicialización en su vida a nivel emocional, familiar, económico y laboral?
- El proceso afecta desde el principio emocionalmente.          
Me encontraba en un proceso y todavía no me explicaba cómo había llegado hasta ahí. Pero tratando de asimilar las cosas, pensaba que era un mal entendido y que el juez terminaría descubriéndolo, pero todo parecía empeorar, el abogado defensor tiempo atrás, había acusado al juez, por eso él no podía resolver mi caso, según como lo establece la ley, pero aún así él resolvió acusándome ilegalmente, como se comprobó luego por el Tribunal Penal de Apelaciones. 
Siempre manteniendo la esperanza en que esto terminara con una sentencia absolutoria. El 27 de noviembre día del cumpleaños de mi hermano, sin razón lógica la sentencia fue condenatoria, un golpe duro emocional y psicológico. Ya mi vida cambiaba, mi familia sufría. 
Ya en prisión uno no piensa en uno mismo, sino en la familia. Tengo una hija y yo tenía que ver por ella. En lo familiar, afectó a mis padres emocional y psicológicamente, mi padre sufre trastornos mentales. 
En lo laboral, me encontraba suspendido los primeros meses con goce salarial, pero la administración después me suspendió sin goce salarial; y bueno, yo tenía como cualquier otra persona una vida normal, contaba con mis ingresos mensuales, con ello podía vivir yo y mi familia, pagaba préstamos y cubría todas las necesidades básicas, y de pronto quedé sin ingresos y con las mismas necesidades y deudas. Son momentos difíciles, pero no queda otra que seguir luchando. 
Fui sentenciado el día del cumpleaños de mi hermano, pasaba mi cumpleaños, navidad y año nuevo en prisión, cuando lo normal era pasarlo en familia. Pasé en prisión esos días, en la cárcel acusado de atentado, los medios aliados al gobierno me trataban de terrorista. 
Sin duda afecta mucho la vida de cualquier persona.
- ¿Cuántos días estuvo en la cárcel? ¿Cómo le afectó esto?
- Yo conté los días, primero fueron 11 días y después 3 meses. Total 100 días. 
La estancia en prisión es dura, cuando llegas ahí, sólo sabes el día que llegas, pero no sabes cuándo saldrás o si saldrás vivo. 
Había pleitos y apuñalados constantemente, la policía penitenciaria no tiene el control. Yo solo trataba de adaptarme, después de haber salido de prisión vivía encerrado en mi cuarto, sabía que yo no era así, pero es algo que a uno le deja la cárcel.
Tuve que trabajar mucho en esto para volver a socializar.
- ¿Qué ha pasado a nivel judicial? ¿En qué estado se encuentra el proceso?
- Después de la apelación de sentencia donde quedé libre, se anula todo. 
Vinieron las apelaciones por parte de la fiscalía y entonces esta apelación, será resuelta por la Sala Tercera y hasta el momento está ahí sin resolver. El proceso se ha vuelto lento. Aparte tengo un proceso administrativo abierto, el cual tampoco resuelven.
- ¿En Costa Rica se respetan los derechos humanos?
- Yo creo que Costa Rica tiene doble moral, ante el mundo firma tratados de derechos humanos y en lo interno no los respetan. 
Recordemos que fui apoyado por la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y diversos sindicatos, organizaciones y colectivos. 
- ¿Por qué cree usted que fue detenido?
- Yo creía que era un mal entendido y que se debía aclarar pronto, pero todavía no sé cuál fue la razón, ni los mismos policías que me detuvieron sabían cuál era el motivo. De primer momento no sabían qué hacer conmigo.
Dicen que había pasado algo y andaban buscando unas personas y que yo estaba cerca y entonces me aprendieron.
- ¿Carlos Andrés, le gustaría dar un mensaje a las personas obreras que luchan en otras partes del mundo?
- Sí, mirá, que yo creo que mientras existan derechos laborales y humanos, la lucha siempre va existir y que la clase trabajadora no se dividida entre empleados públicos y privados, tenemos que vernos como una solo clase trabajadora.
- Muchos sectores lo definen como un preso y perseguido político ¿Qué piensa al respecto?  ¿Por qué?   
- Yo creo que terminé siéndolo, porque primero recordemos que fui detenido en medio de una huelga, una gran huelga en contra del combo fiscal. 
Una huelga fuerte y de pronto tienen un manifestante detenido. Y entonces pensaron en tomarme de ejemplo ante los demás.

Diálogo con María Trejos: “Es evidente que, día a día, aumentan casos y situaciones en que se refleja una violación tácita a los derechos humanos en Costa Rica.”

- ¿Cuál fue el papel de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos con el caso de Carlos Andrés Pérez?
- La ACODEHU desempeña una labor fundamental, desde la perspectiva de los Derechos Humanos, tanto a nivel de denuncia nacional e internacional, como sumándose a esfuerzos e iniciativas de articulación en la vía de dar seguimiento y acompañamiento.
De esta manera, se articula con otras organizaciones sociales y sindicales, y personas independientes que se suman a la necesidad de unir esfuerzos y recursos –humanos y económicos- en apoyo solidario al joven obrero de RECOPE, Carlos Andrés Sánchez, tanto a nivel legal, como político (injerencia política para posicionar su problemática a nivel nacional e internacional) y a nivel personal-familiar.
En la medida en que se amplía dicha articulación, teniendo mayor relevancia colectiva, logramos generar diferentes espacios y conexiones como base de apoyo al joven, de manera más permanente y organizada.
- ¿Qué tienen que ver los movimientos y organizaciones sociales con los casos de persecución y represión política que ejerce el estado?
 - Considero que no hay una relación dicotómica entre ambos; en tanto, los diferentes mecanismos de persecución y represión política que se ejercen y rehacen, día a día, desde el estado, son respuesta del impacto de las diferentes estrategias y acciones que se impulsan desde los movimientos y organizaciones sociales.
- ¿Cuál es su opinión con respecto a la prohibición de la protesta social y su criminalización?
- La agudización de la criminalización y judicialización de la protesta social se da en la medida en que los movimientos de lucha social impulsan procesos más profundos y sistemáticos que se convierten en amenazas latentes contra los intereses de los grupos de poder económico-políticos. Por eso, junto a artimañas de injerencia desde estos grupos en la mediatización de la comunicación, se convierte en un eficaz instrumento de intimidación y control social; al respecto, podemos incluir el vil montaje de falsos positivos.
Sobran evidencias para afirmar que nos movemos en el contexto de un estado represor y que la peor violencia que vivimos es la violencia estructural. En este sentido, se ha convertido en el “pan nuestro de cada día” mecanismos por parte del estado –expresados en proyectos de ley, actitudes y manifestaciones claras e implícitas-  que anulan, deslegitiman, tergiversan y desconocen el derecho a la protesta como Derecho Humano fundamental; a partir de ello, es criminalizado y judicializado. Y en términos de gobierno, podemos agregar su total negatividad a abrir puertas a un verdadero diálogo social.
- ¿Quiénes acompañan casos como el de Carlos Andrés? 
- Les acompañan algunas organizaciones sociales y sindicales, instancias de Derechos Humanos que establecen como tarea prioritaria este campo. De igual manera, “personalidades” de la academia, escenario político y legal, y campo artístico; así como personas comprometidas –de corazón y por consciencia- con no dejarles solxs en estos momentos en que además de troncarles su vida laboral o estudiantil, y sus proyectos de vida y estabilidad personal y familiar, sufren de la estigmatización con la cual intentan etiquetar sus personas y vidas.
Lamentablemente no se puede afirmar que les acompaña el mismo movimiento social y sindical -en su totalidad y como tarea de primer orden- paradójicamente, quienes precisamente les convocaron a asumirse en la lucha por la cual luego son procesadxs.
- ¿Existe en Costa Rica una cultura de apoyo a personas criminalizadas?
- No existe una cultura de esta naturaleza, haciendo una lectura de adentro hacia afuera; producto de una cultura dominante y hegemónica histórica-social.
Siendo parte del movimiento social-sindical, de manera autocrítica, considero que lejos de movernos y relacionarnos desde una cultura contestataria y creativa que apoye a las víctimas de criminalización y judicialización, lo que se da son intencionalidades y esfuerzos específicos de algunos sectores sindicales y sociales y de personas comprometidas con la lucha social y la justicia, en la línea de dar este acompañamiento, seguimiento y acuerpamiento a ellas y ellos. Un apoyo que no es suficiente en términos de productos concretos a nivel económico, jurídico, emocional.
Por otro lado, si desde nosotrxs mismxs no hemos integrado en nuestras agendas y retórica, de manera práctica, esto; menos aún se ha logrado desde otros ámbitos y escenarios nacionales que no forman parte directa de los procesos de lucha sociales y políticos del país/región.
- ¿En qué podemos mejorar en este punto como sociedad?
- A nivel organizativo, hay un componente importante que refiere al campo de formación política-ideológica; no obstante, considero que el mayor problema reside en nuestras consciencias (subjetividades y sensibilidades). Es un problema ético-político, un asunto de verificarnos de manera honesta y humilde el grado en que estamos expresando, en la práctica concreta, una retórica muy valiosa y válida sintetizada en discursos, ponencias, manifiestos, en las propias consignas de lucha para la movilización social. Cuando digo práctica concreta, me refiero a este tema: de qué manera y en qué grado la tarea de defensa, el seguimiento y acompañamiento a cada compañera y compañero víctima de persecución política es asumida como un tema trascendental y de primer orden en nuestras agendas de lucha.
Lograremos posicionar este tema en su justa dimensión en el momento en que visualicemos que, ante el capitalismo patriarcal-colonialista voraz, las transformaciones sociales, económicas, culturales y las luchas organizativas no pueden seguir fragmentadas, “gremializadas” de acuerdo con intereses y necesidades particulares de un sector o gremio. A partir de estas nuevas lecturas teórica-prácticas lograremos ver a cada persona víctima de estos procesos de represión, intimidación y persecución, como hermanxs y compañerxs que merecen todo nuestro apoyo incondicional, en tanto están bajo esta circunstancia por haberse sumado a un movimiento –independiente de bandera- por una vida y una sociedad de mayor justicia ausente de cualquier traza de desigualdad y discriminación. Un movimiento del cual formamos parte junto a ellxs.
En la medida en que hagamos esta lectura introspectiva para fortalecernos en este campo, tendremos mayor autoridad ética-política para “tocar puertas” a nivel de sociedad y contribuir a tocar corazones y consciencias para lograr resignificar nuestra práctica política-organizativa y cultura nacional.
- ¿Cuál es la situación de Costa Rica en el campo de los Derechos Humanos?
- Es evidente que, día a día, aumentan casos y situaciones en que se refleja una violación tácita a los derechos humanos en Costa Rica.
Solo en el contexto de la huelga nacional por el retiro del Proyecto de Ley N°20.580: Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (combo fiscal), convocada a partir del 10 de setiembre, 2018, podemos agrupar la ola de mecanismos violatorios en tres grandes campos, donde la muerte de un joven en Limón y el proceso judicial pendiente de sentencia, contra Carlos Andrés Pérez, joven obrero de RECOPE, que amerita seguir prestando atención son pruebas fehacientes:[i]
1.         Actos de coerción, violencia física y psicológica: violaciones a la libertad de reunión pacífica, a la libertad de expresión y opinión, del derecho a disentir. Uso de violencia por parte de los diferentes cuerpos de “seguridad” nacional.
2.         Violación a la libertad de tránsito, manifestación, opinión, reunión y demás derechos democráticos. El gobierno quita placas a buses a fin de obstaculizar las posibilidades de trasladarse la población a manifestación popular, pacífica y democrática a nivel nacional, en San José.
3.         Acusaciones y arrestos durante las manifestaciones. Detenciones arbitrarias. Judicialización de casos por participar en manifestaciones pacíficas como obstrucción y acción ejemplarizante en contra del sistema:
-       El 12 de setiembre, 2018 (San Pedro de Montes de Oca): 4 estudiantes de la                                          UCR.
-       El 3 de octubre, 2018 (Caldera, Puntarenas): 9 personas.
-       Ciudad Neily: 4 personas. (Hay muchos más casos que requieren retomarse)
Se suman a estos más de una centena de víctimas y a infinidad de hechos donde se violan los derechos humanos de mujeres, hombres y familias de diferentes sectores: campesinado, indígena y otros. Tal es el caso del agricultor y dirigente social Orlando Barrantes (20 años del proceso de judicialización continuo más largo de la historia de las luchas sociales del país; aún sin resolverse); la negligencia desde el estado que mantiene en impunidad los crímenes políticos de los líderes indígenas Sergio Rojas y Jehry Rivera; la falta de voluntad política ante aumento de los índices de feminicidios en el país,  el aumento de procesos recientes de judicialización contra estudiantes universitarixs que defienden la educación pública.
Defender el derecho a la protesta social es fundamental en tanto, de este se desprenden el conjunto de derechos y conquistas sociales que están siendo amenazados cada día más.
 
[i] Denuncia Internacional interpuesta por la ACODEHU a Oficina Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos Humanos – Ginebra Suiza (Enero 2019)

 

Agradecemos la valentía de Carlos Andrés y el trabajo de María Trejos acompañando éste proceso. 
Ajuntamos un vídeo realizado por "Gato encerrado producciones" en donde relatan muy bien la injusticia cometida contra Carlos Andrés. ¿Sabotaje a Recope o al Estado Social de Derecho?

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