En entregas anteriores hemos denunciado como la pandemia del COVID-19 ha sido empleada como arma de guerra. Sin embargo, hemos enfatizado algunos aspectos del uso bélico del COVID-19 y no otros que vamos a exponer a continuación.

Nos hemos referido al empleo del COVID-19 como arma de guerra desde dos perspectivas. En primer lugar, el endurecimiento de los bloqueos económicos por parte de Estados Unidos y algunos países europeos que impide el ingreso de alimentos, medicamentos e incluso ayuda humanitaria a países como Siria, Irán, Yemen, Cuba y Venezuela. En segundo lugar, hemos descrito el discurso xenófobo anti-chino, de acuerdo con el cual China es la única culpable de la propagación del COVID-19 en el mundo y por eso, debe ser sancionada con cifras similares a las de la deuda externa de Estados Unidos con China.

Únicamente en el artículo anterior nos hemos referido a algo que vamos a tratar aquí más detenidamente. El uso del COVID-19 como instrumento para profundizar políticas neoliberales en Nuestra América y el mundo y garantizar la desmovilización total de los movimientos sociales.

Si analizamos detenidamente, la mala gestión del COVID-19 de Nuestra América y el mundo, tiene sus ganadores económicos. Las grandes compañías farmacéuticas, los grandes monopolios de la comunicación masiva occidental y algunas plataformas tecnológicas como Zoom, son ganadores en las circunstancias actuales de aislamiento social.

Sin embargo, existe un ganador más perverso al que poco se ha tratado de describir: las élites conservadoras y neoliberales de Nuestra América y su intención de privatizar las instituciones públicas y debilitar el estado social de derecho, para imponer las tiranías modernas como las nuevas formas de gobierno legítimas en Occidente.

Efectivamente, el COVID-19 existe y su existencia no se puede negar. Sin embargo, la gestión de la pandemia en los países de Nuestra América que poseen una mayor influencia política de Estados Unidos, se ha caracterizado por dos tipos de dirección política, ambos anteponiendo los intereses de las grandes empresas nacionales e internacionales a la salud y el bienestar general de los pueblos. Por un lado, un escepticismo total que promueve la ausencia de todo tipo de control. Por otro, un aislamiento parcial, a través del cual se regula la cantidad de casos, pero se mantiene un prologando temor inducido en la población de contagiarse de COVID-19, que conlleva a una significativa fractura de las relaciones sociales.

El primer caso ha predominado en discursos como el del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, para quien el COVID-19 es una simple gripilla y por algunos cuantos muertos no se puede detener ni la economía ni los eventos religiosos. En el segundo, países como Costa Rica, en los cuales, y gracias a un sistema de salud estatal lo suficientemente estructurado, se ha logrado contener el número de casos, pero se ha atemorizado profundamente a la población, generando una prolongada fractura de las relaciones humanas, excepto de aquellas propiamente mercantiles y relacionadas con los intereses de las empresas de las elites conservadoras nacionales y las compañías trasnacionales.

El aislamiento prolongado no es tanto una estrategia para reducir la cantidad de casos simultáneos, lo cual de paso no busca contener el virus sino administrarlo, como de control social. Las políticas de aislamiento no se han correspondido con una “tregua política” entre las tiranías en ejercicio del poder y los movimientos sociales.

En otras palabras, las políticas que tienden a la privatización e inutilización de las instituciones del estado siguen avanzando, y con mayor velocidad, al promover la desmovilización de los movimientos sociales, lo cual constituye una estocada contundente al derecho del pueblo a la resistencia legítima y a gozar de parte del poder soberano del estado.

Fuera de Nuestra América hemos visto manifestaciones en contra de este empleo político del COVID-19 como arma de guerra contra las poblaciones. Manifestaciones en contra del aislamiento las han habido en California y otros estados de Estados Unidos, así como en varios países europeos, el pasado 1 de mayo, donde destacó la noticia de más de 200 manifestantes detenidos en Alemania.

Ahora bien, las repercusiones económicas de los modelos neoliberales sobre los pueblos son más atroces que las consecuencias directas de la enfermedad del COVID-19 en Nuestra América. Por ejemplo, en países como Costa Rica, la privatización de instituciones estatales como la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), la cual ha sido determinante no solo para gestionar la pandemia del COVID-19, sino la salud de las personas durante aproximadamente 79 años, podría ser catastrófico para la calidad de vida de los pueblos que habitan Costa Rica.

Esto nos deja en medio de una encrucijada. Efectivamente el COVID-19 existe y debemos tomar las medidas necesarias para contener la pandemia, por lo que las manifestaciones masivas pueden provocar una gran catástrofe sanitaria; pero la guerra declarada por las tiranías en contra de los pueblos, puede generar cataclismos económicos y sociales mayores que los proyectados para el COVID-19.

Un ejemplo de esto lo encontramos en Ecuador. Este país sudamericano se esperaba fuera un ejemplo de la contención de la pandemia en el sur del continente americano. Sin embargo, Ecuador fue todo lo contrario. Esto se ha debido en gran parte al debilitamiento de las instituciones públicas, generado por las políticas neoliberales impulsadas por el presidente Lenin Moreno.

El gobierno ecuatoriano también ha intentado aprobar más reformas del aparato estatal en medio de una crisis humanitaria, en la cual las morgues no han dado a basto y se han visto en el mundo crudas imágenes de cadáveres en las calles e incluso en las aguas, debido a la desesperación de las personas.

A pesar de la dura situación generada por el COVID-19, lo sectores sociales no han dejado de lado la reflexión sobre el impacto de las políticas neoliberales que promueve el gobierno de Lenin Moreno. Por esto, el Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador, varios gremios sindicales, maestros y servidores públicos convocaron a una movilización para el lunes 25 de mayo, en contra de estas políticas neoliberales.

Al respecto, el presidente de la Unión General de Trabajadores, filial del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), ha declarado: "Ratificamos el llamado a los trabajadores, maestros, estudiantes, comerciantes, para la nueva jornada del lunes 25 de mayo a partir de las 10:00, contra los despidos, la esclavitud, contra el nuevo paquetazo económico”.

Entre las medidas por las que se convoca la protesta, a la cual se preve que se unirá la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), están el recorte de 4000 millones de dólares al sector público, reducción de 8 a 6 horas la jornada laboral del sector burocrático del estado y de 1 hora para los maestros del sector público.

El ejemplo de Ecuador debe ser estudiado a fondo por los movimientos sociales de otros países en los cuales se promueven medidas similares, no para salvar la economía de los estados ni la calidad de vida de los pueblos, sino el continuo crecimiento de las ganancias de las empresas conservadoras de las elites nacionales y las compañías trasnacionales, como sucede hoy por hoy en Costa Rica.