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¿Es Costa Rica el país más feliz del mundo? Corrupción y el debilitamiento de las instituciones públicas

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Movimientos Sociales y Debilitamiento Institucional 22 de mayo de 2020 Ivania Rojas Ivania Rojas
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Grupos de poder y el debilitamiento de las instituciones públicas Imagen tomada de https://diario16.com/la-economia-colaborativa-capitalismo-salvaje/

Desde mi propia experiencia, las instituciones públicas me han beneficiado en todos los momentos de mi vida: poder ser atendida por enfermedad, gracias a un seguro social; poder aprender a leer y escribir en una escuela, gracias a los impuestos que paga cada ciudadano; obtener becas de alimentación y transporte para poder asistir al colegio; tener la oportunidad de estudiar en una universidad y poder ser docente, gracias a una beca que cubrió todos los gastos de mis estudios. ¿Cómo no valorar las instituciones públicas, si a ellas les debo gran parte de lo que soy?

Sin embargo, si vienes aquí a leer que vivimos en el país más feliz del mundo, esta noticia no es para ti. A partir de una entrevista exclusiva al historiador Jorge Marchena Sanabria, vamos a encarar verdades y procesos políticos y económicos que han sido normalizados y silenciados a través de los años, los cuales han causado el debilitamiento de las instituciones públicas. Por lo tanto, esta entrevista puede ayudarnos a comprender la realidad que vive el país y asumir, mediante soluciones, la defensa de las instituciones públicas para aumentar la calidad de vida de los costarricenses.  

El papel de las instituciones públicas en la contención del Covid-19

Medios de comunicación internacionales, como BBC News Mundo, han hecho énfasis en el papel desempeñado por las instituciones públicas costarricenses, en la adecuada gestión del COVID-19. Rescatan aspectos importantes como el sistema de salud universal; también se comenta el éxito que han tenido los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS); el acceso al agua garantizado por la labor del Instituto Costarricense de  Acueductos y Alcantarillados (AyA) y los Sistemas Comunales de ASADAS, etc. 

Pero el éxito de la contención de la pandemia no se lo debemos al  gobierno ni  a figuras públicas, sino más bien a la herencia de un Estado Social de Derecho que ha venido desarrollándose, a partir de la creación de políticas sociales y de protección sanitaria, desde finales del siglo XIX y posteriormente con la creación de instituciones públicas. La existencia de estas instituciones públicas en Costa Rica, ha permitido que el costarricense pueda acceder a derechos como salud, trabajo, vivienda digna, educación, agua, electricidad, etc.

El historiador Jorge Marchena nos hace reflexionar sobre la importancia de la existencia de las instituciones públicas: “Imaginemos, que hace unos años las políticas que exaltan ciertos charlatanes se hubieran aplicado y se hubiera tomado la decisión de cerrar o privatizar la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) ¿cuántas pilas de cadáveres tendríamos en estos momentos? ¿Cuántas fosas comunes se estarían abriendo?” 

Además, el historiador Jorge Marchena añade: “sencillamente, la empresa privada y sobre todo, las transnacionales, no pueden hacerse cargo de algo tan complejo y costoso como la salud humana. Los hospitales privados cuentan con alta tecnología, personal de primera y demás, pero como los países “desarrollados” bien han demostrado, no pueden atender a grandes volúmenes de personas, nunca fueron diseñados para estas circunstancias y aparte su concepto de salud, es uno altamente mercantilizado. La salud pública es la gran protagonista de esta emergencia, la distinguida CCSS; pero debemos recordar que ella es el producto de los movimientos sociales de la primera mitad del siglo XX, que exigieron un mejoramiento real de sus condiciones de vida, cristalizado en las célebres reformas de los años cuarenta; las cuales no se deben reducir a la obra de un político o partido, sino a la necesidad de toda una sociedad, sobre todo, la necesidad de salir del retraso en que nos encontrábamos, al carecer de seguro social, código laboral y educación superior. Todas estas conquistas, porque nunca fueron regalos, fueron difíciles de obtener y todavía estamos luchando por mantenerlas y mejorarlas, aunque muchos terroristas las quieran destruir”.

Por otra parte, es necesario resaltar la labor de otras instituciones públicas que no han sido mencionadas en este artículo en la contención del COVID-19. Primero, las universidades públicas que han hecho una valiosa investigación sobre el virus y  son las que han formado a gran cantidad de profesionales que hoy ponen su conocimiento al servicio de la contención de la pandemia. Segundo, el Ministerio de Educación Pública (MEP), que ha proporcionado alimentos a las y los estudiantes, debido al cierre de comedores y  ha impulsado la virtualización de la educación. En tercer lugar, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha brindado mayores facilidades de acceso a internet para fomentar el teletrabajo y la educación; además, en 120 horas adaptó al Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE)  para la atención de los casos confirmados de COVID-19.  En cuarto lugar, la Fábrica Nacional de Licores (FANAL), la cual ha abastecido de alcohol a la CCSS y a la industria para enfrentar esta emergencia. Y lo mencionado aquí no abarca la descripción total de la labor de las instituciones públicas en la gestión de la crisis actual. 

Debilitamiento de instituciones públicas: un proceso normalizado

El debilitamiento de las instituciones públicas en el país se ha ido generando a partir de distintas causas. La primera se vincula a eventos históricos internacionales como la influencia de un movimiento intelectual denominado neoliberalismo, el cual logra tener fuerza a finales de la década de 1970, en Latinoamérica y en Costa Rica. 

El historiador Jorge Marchena comenta que para esa época se dio una promoción de políticas neoliberales y neoconservadoras, lo cual “se  podría simplificar y afirmar que ciertos grupos privilegiados no querían la intervención del Estado en materia económica y buscaban favorecer los procesos de privatización de instituciones públicas, con los casos de la CCSS, ICE, entre otros. Siempre hay que tener presente, que sectores como energía, educación y salud (sobre todo la venta de fármacos), son actividades muy lucrativas y por ello, ha persistido ese deseo de que pasen a manos de los sectores privados”. 

Otro aspecto mencionado por Jorge Marchena es que las élites costarricenses renuncian a la intervención del Estado en la economía, pero el Estado durante décadas ha promovido el enriquecimiento económico de estas élites, a través de intercambios de favores políticos, ayudas económicas, enormes exoneraciones y la ausencia de políticas fiscales, donde se obligue a pagar de forma adecuada a los ricos. En este último punto se encuentra una clave fundamental del debilitamiento institucional: “los grupos poderosos necesitan de un Estado débil, ya que uno fuerte, honesto y verdaderamente democrático, implicaría el aumento de los impuestos de renta, propiedad y la distribución de la riqueza y eso no lo aceptan, las élites ni en Costa Rica ni en Estados Unidos o en casi todo el mundo capitalista”. 

Otra de las causas fue los intereses que tuvieron los gobiernos de Luis Alberto Monge (1982-1986), Oscar Arias (1986-1990) y José María Figueres (1994-1998) (pacto Figueres-Calderón) en negociar con los organismos internacionales financieros como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM) para obtener un préstamo exterior. Pero, al recibir estos préstamos los gobiernos se comprometieron en asumir y ejecutar una serie de medidas en las cuales se indicaba que el Estado tenía que dejar de intervenir en la economía y, por lo tanto, debía limitar el presupuesto o cerrar, vender y privatizar las instituciones públicas. A estas medidas impuestas por los organismos internacionales financieros y los gobiernos de turno se les denomina Programas de Ajuste Estructural (PAE).

Mecanismos utilizados para debilitar las instituciones públicas

Entre los mecanismos que se han utilizado para debilitar las instituciones públicas, se puede señalar la vinculación entre las instituciones públicas y la corrupción. Esto lo han ido favoreciendo los discursos de los medios de comunicación y las élites. Distintos políticos o funcionarios públicos se han aprovechado de los bienes que nos pertenecen a todos los costarricenses, representados en las instituciones públicas, y han cometido crímenes de corrupción: Alterra (2000), ICE-Alcatel (2001), CCSS-Fischel (2002), Ruta 27-Autopista del Sol (2003-2013), el acueducto rural en Sardinal (2009-2010), la Platina (2009-2014), proyecto minero Crucitas (2011-2012), la trocha (2012), el Cementazo (2017) y aún faltan más por mencionar o de los cuales ni siquiera nos hemos dado cuenta. 

El historiador Jorge Marchena comenta que los discursos que culpan a las instituciones públicas de la corrupción “omiten que fueron los mismos grupos económicos los que se vieron beneficiados, que no es el empleado público común (y mal pagado) el responsable, sino las cúpulas políticas y las élites que las colocaron en esas posiciones las que han intentado desfalcar al Estado y hasta el día de hoy, siguen usufructuando los recursos públicos. Reiterando, son las élites, no el Estado, ni la sociedad civil. Los responsables tienen nombre y apellidos…”

No podemos caer en el intento de estos grupos de poder de hacernos creer que la corrupción es culpa de las instituciones públicas y del empleado público. Es necesario identificar a los políticos y personas beneficiadas con estos actos de corrupción, ya que estas personas son las verdaderas culpables de estos delitos y la memoria histórica de nuestro país no puede olvidarlo.

El principal mecanismo que ha sido utilizado para debilitar las instituciones públicas lo describe el historiador Jorge Marchena: “tal vez esta respuesta le desagrade a muchos, pero desde mi postura, lamentablemente, el Estado costarricense se encuentra en manos de los grupos poderosos y aquí cabe señalar, que la élite de este país merece cierto crédito: es calculadora, rechaza la violencia explícita y tolera, incluso fomenta, las válvulas de escape; ya que le ofrece ciertas condiciones óptimas a las clases populares (un nivel básico de subsistencia) y con ello, evitar mayores cuestionamientos (sobre todo, estructurales). Volviendo al punto inicial, esta misma élite ha mantenido el control sobre las fuentes de la riqueza, los medios de comunicación y a lo largo del siglo XX, ha financiado a los principales partidos políticos; es decir, la mayoría de gobiernos han bailado bajo su ritmo. En gran parte, muchas políticas económicas han sido gestadas en los salones de sus mansiones y aquellos proyectos o iniciativas populares que atentan o socavan sus privilegios, han sido derrumbadas. También, es importante consultar nuestra historia y observar que la democracia burguesa oligárquica con la que contamos, fue instituida por estos mismos grupos, muchos padres de la patria fueron parte de la oligarquía, la cual sigue vigente”

En este punto, el historiador se pregunta: “¿cuál ha sido el principal mecanismo? Tener el control sobre el grueso del aparato estatal y sobre todo, la última palabra. Los grupos de poder –y hay que insistir en esto– cuentan con los principales medios de comunicación, con grandes recursos económicos (empresas muy grandes a nivel continental), el apoyo de casi todos los partidos e inclusive, socios académicos (no solo en las instituciones privadas neoliberales, sino también, en las universidades públicas); durante décadas (o incluso más) han contado con casi todas las ventajas”.

El historiador Jorge Marchena nos indica otros dos mecanismos del debilitamiento de las instituciones públicas. El primero, los medios de comunicación masivos como la Nación, diario Extra y telenoticieros del país “los cuales carecen de verdaderos departamentos de investigación y el primero que [mencionamos], está plagado de opiniones descaradas de empresarios y políticos de dudosa reputación, por eso el ciudadano promedio, no puede identificarse ni encontrar mayor simpatía con los intereses tan elitistas de estos destacados columnistas. Son notas escritas por la élite y únicamente dirigidas a otros miembros de la élite, y tienen carácter de órdenes, consejos y hasta como advertencias; no son noticias ni información”.

El segundo que comenta el historiador es que existe supuestos altos niveles educativos “pero contamos con un sistema que enseña a leer, escribir, usar la calculadora, escribir en Word, algunas palabras básicas en inglés y en otros casos, la preparación de una mano de obra un poco más sofisticada, aunque predestinada a trabajos extenuantes y mal pagados. Tenemos en general, una población educada solo en lo básico y también adoctrinada (con los mitos del país más pacífico, democrático, excepcional, verde, feliz…), pero no crítica; en la que los discursos xenofóbicos, homofóbicos, machistas, las supercherías están cobrando fuerza. La educación urge de un cambio, realizarlo no es imposible, pero atentaría contra muchos intereses, especialmente, abandonar parte de nuestra zona de confort, de nacionalismo chauvinista, de complejo de superioridad, pero es necesario, para fortalecer una verdadera ciudadanía crítica, informada, incapaz de ser manipulada. Tal vez, esto pueda resultar muy idealista, pero las crisis recientes, muestran la necesidad de, al menos, intentarlo”. 

¿Cómo podemos fortalecer las instituciones públicas? 

Desde la década de 1980 han existido discursos de economistas y políticos que promueven pagar la deuda externa e interna y reducir el déficit fiscal de Costa Rica. Algunos recomiendan disminuir el presupuesto de las instituciones públicas, quebrarlas y privatizarlas. Estos discursos neoliberales continúan presentes e incluso han intensificado las exigencias de sacrificar nuestras instituciones públicas, para supuestamente mejorar la economía. Pero, ¿por qué si a partir de la década de 1980 se han acatado e incluso impuesto estas medidas neoliberales, el país no ha mejorado y en vez de reducirse la deuda y el déficit fiscal, más bien ha aumentado a través de los años? 

La memoria histórica costarricense debe tener presente el caso de la Corporación Costarricense de Desarrollo (CODESA). Esta fue una institución creada en el seno del Estado Social de Derecho y participaba en el sector productivo costarricense, generando calidad de vida para la población. CODESA abarcaba una serie de empresas estatales encargadas de producir azúcar, fertilizantes, aluminio, alcohol, cemento, entre otros. En 1995, el Estado vende el total de las acciones de las empresas de CODESA, por lo que estas se privatizan y dejan de pertenecer al Estado. Con la Ley 7330, las empresas de CODESA se vendieron a “grupos nacionales de interés”, donde cabe preguntarse ¿Cuáles son esos “grupos nacionales de interés”? Este proceso de privatización no logró lo que prometía: pagar la deuda interna y externa y el déficit fiscal de Costa Rica. Las empresas de CODESA se vendieron a precios ridículos, dejaron de ser parte del bien común de todos los costarricenses y pasaron a manos de algunas cuantas personas que pertenecen a las élites políticamente conservadoras, las cuales le han hecho ver a la opinión pública que sus propios intereses son el bien común del país. 

Con respecto a lo anterior, una de las acciones que se puede ejecutar para fortalecer las instituciones públicas, es estudiar nuestro pasado. La historia nos demuestra que cerrar o  privatizar instituciones públicas no mejoró nuestra economía. Contrariamente, aumentó la deuda y el déficit fiscal. Sí hubo grandes ganadores con la privatización de las instituciones públicas: aquellas personas y sectores que se adueñaron u obtuvieron beneficios personales de la venta de las empresas de CODESA, entre otras instituciones. Esto nos invita a repensar críticamente los discursos actuales que se ensañan en privatizar las instituciones públicas. La privatización, el desprestigio y desfinanciamiento de las instituciones públicas no es el mecanismo adecuado para mejorar nuestra economía en pos del bien común, ya que lo que nos beneficia a todos es el acceso universal a la salud, la educación, el trabajo digno, la electricidad, el agua, vivienda digna, etc. 

Existen muchas deficiencias en la administración de las instituciones públicas, pero debemos detenernos a pensar sobre las causas reales de estas deficiencias y no dar por sentado que las instituciones públicas no sirven. En vez de preferir privatizarlas como única solución, es necesario que los costarricenses nos demos cuenta de que las instituciones públicas nos pertenecen, nos re-apropiemos de estas y volvamos a hacer parte de nuestra identidad nacional su defensa. Es un deber exigir que el gobierno vele por el bien común y administre de forma eficiente nuestras instituciones públicas, evitando que se cometan actos de corrupción. La historia nos enseña medios para exigir esto:  la unidad popular,  la legitimidad de los movimientos sociales y otros mecanismos democráticos que nos permitan luchar por la transparencia del manejo de los fondos públicos o aquellos que aportamos los ciudadanos, a través de nuestros impuestos. 

Para el historiador Jorge Marchena, no es imposible aplicar otras medidas. “La educación debe ser reformada, un sistema sencillo que incentive la crítica, la lectura, el método científico, las artes y que se suprima las clases de superchería y nacionalismo. Y fomentar el encuentro entre personas, la discusión cara a cara, la difusión de ideas y conocimientos. Más radios locales y libres, folletines, hojas sueltas… Hay que construir una ciudadanía fuerte, que ya no compre los periódicos amarillistas y apague el televisor cuando atacan los noticieros. 

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Modo de citado: 

Rojas Herrera, I. (22 de mayo, 2020). ¿Es Costa Rica el país más feliz del mundo? Corrupción y el debilitamiento de las instituciones públicas. Mamoria Histórica. Más allá de la Cortina. Heredia, Costa Rica: Cátedra Autónoma de Filosofía Política. Recuperado de: https://masalladelacortina.com/contenido/387/es-costa-rica-el-pais-mas-feliz-del-mundo-corrupcion-y-el-debilitamiento-de-las-

 

 

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