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COVID-19 como arma de la élites: Costa Rica, Guatemala y Panamá

El siguiente artículo brinda algunos ejemplos ilustrativos del empleo del COVID-19 como un arma de las élites para controlar las poblaciones en Costa Rica, Guatemala y Panamá. Les invitamos a emplearlo como un insumo crítico sobre lo que está pasando en la región centroamericana.

Internacionales 04 de junio de 2020 MSc. Esteban Paniagua MSc. Esteban Paniagua
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Religión y aislamiento social en Centroamérica Foto tomada de: https://es.weforum.org/agenda/2020/04/coronavirus-en-centroamerica-la-region-de-records-y-contrastes-en-sus-estrategias-y-resultados-frente-al-covid-19/

Las personas saben que en Estados Unidos la policía está actuando con violencia, que Donald Trump ha incentivado el empleo de la Guardia Nacional y el Ejército en contra de las personas manifestantes e incluso el uso de armas de fuego. Los asesinatos cometidos en medio de la represión de estas protestas han sido escuchados en el mundo y todos los pueblos se encuentran consternados por lo que sucede en Estados Unidos, pero esto no es efectivo sino nos miramos directamente como pueblos.

¿Qué discursos promueven los gobiernos y los medios de comunicación masiva en Centroamérica y particularmente en Costa Rica, Guatemala y Panamá, al respecto de la protesta social en estos tiempos convulsos que vivimos?

El tema de la pandemia del COVID-19 está siendo desplazado a un segundo lugar en el mundo, pero en Centroamérica sigue estando en primer lugar, ya que es empleado como mecanismo de miedo para fracturar todo tipo de relaciones humanas y mantener un control fascista de la población.

Importantes funcionarios de países europeos como Rusia y Alemania han hecho hincapié en que el mundo exageró la letalidad del COVID-19 y que tal exageración ha conducido a las actuales condiciones de pánico, terror y fractura de las relaciones sociales. Pero en Centroamérica, el COVID-19 constituye el monstruo para imponer un control policial y militar, igual e incluso más atroz que el de Donald Trump, pero como no es en Estados Unidos, pasa desapercibido en el mundo y en nosotros mismos.

En Costa Rica, antes del COVID-19, el gobierno venía limitando las posibilidades legales del derecho legítimo a la resistencia del pueblo y aumentando su capacidad policial, militarizando a su policía, para contener las manifestaciones sociales. 

El grado de violencia empleado en 2018 contra manifestantes en contra del Plan Fiscal, en comunidades de Puntarenas y Limón, así como en manifestaciones de estudiantes y educadoras, provocando incluso la muerte de personas como Antón Serrano (un estudiante de secundaria, cuadro de honor) y la criminalización de empleados públicos como Carlos Andrés Pérez y de estudiantes universitarios como Javier Carvajal y Sileny Vásquez, implica un pensamiento retrógrado, similar al de Donald Trump, dirigido contra las protestas anti-racistas, generadas por el asesinato de George Floyd.

No crean ustedes que es casualidad que Marcelo Prieto, ministro de la Presidencia de Costa Rica, declarara que Donald Trump no fue quien mató a George Floyd y que por eso no sea pertinente hablar de Donald Trump en referencia a los acontecimientos de represión que se están viviendo en Estados Unidos. El gobierno de Costa Rica es un gobierno hipócrita y mojigato que aparenta actuar de acuerdo con lo “políticamente correcto” y está gobernando para un grupo pequeño de elites conservadoras y neoliberales costarricenses que actúan tiránicamente por encima del bien común y del interés público, sin tomar en cuenta la cuota de poder soberano que le corresponde al pueblo en la toma de decisiones políticas.

En medio de la gestión de la pandemia del COVID-19, se ha promovido la xenofobia en contra de Nicaragua, la pérdida de los derechos laborales de las personas trabajadoras, la exoneración y facilidades de acceso a capitales públicos o la rapiña del estado por parte de algunas, no todas por su puesto, empresas que se asocian a los intereses de las élites que constituyen ese tirano corporativo que está gobernando a Costa Rica. 

Medidas paliativas, como el Bono Proteger, son en realidad estrategias para posteriormente justificar falsamente la quiebra y la venta descarada de instituciones públicas como las universidades, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Acueductos y Acantarillados (A y A), el Instituto Nacional de Seguros (INS), etc. 

Estas instituciones ha intentado ser vendidas por estas mismas elites, a lo largo de las primeras dos décadas del siglo XXI, y las han venido privatizando poco a poco, tal y como hicieron con las empresas de CODESA en la década de 1990, cuando la producción de azúcar, a modo de ejemplo, pertenecía al estado costarricense, a todos y todas las costarricenses, y ahora es una de las principales fuentes de ingreso de algunas familias corruptas que están detrás del gobierno y miran con deseo el apoderamiento de otras instituciones o fuentes de riqueza.

Pero no solo en Costa Rica la gestión del COVID 19 está siendo empleada por élites desesperadas ante la incertidumbre de la derrota de Estados Unidos en la tercera guerra mundial para imponer políticas tiránicas y reprimir a los pueblos, de un modo similar o incluso más atroz que Donald Trump a las personas manifestantes en Estados Unidos. 

Continuando con la estrategia del Plan Puebla-Panamá, el gobierno de Guatemala ha utilizado la crisis de la pandemia para realizar desalojos de comunidades, en favor de proyectos mineros y estos desalojos, en favor de este tipo de empresas que representan el lucro neoliberal, han sido invisibilizadas por los medios de comunicación masiva, en medio de la pandemia.

Además, se ha promovido una paralización de la economía local, impidiendo el tránsito de mercancías, lo cual ha generado desabastecimiento de alimentos a zonas rurales. Este paralización del comercio local hace contraste con el libre tránsito de camiones de compañías trasnacionales, dedicadas a la exportación.

Este contraste ha generado la indignación de movimientos sociales en distintas partes del país como Sololá. Al igual que en Estados Unidos, la represión no se hizo esperar y, a partir del 30 de mayo, el gobierno del europeo Alejandro Giammattei, decretó un toque de queda en tres municipios: Sololá, Santa María Utatlán y Nueva Santa Catalina Iztuahuacan. 

En otras palabras, al igual que en Costa Rica, la población civil no importa, el pueblo no importa, lo que importa son los intereses de determinadas élites nacionales y compañías trasnacionales. Finalmente, el gobierno de Giammattei, cerró la Secretaría de la Paz y la Secretaría de la Mujer, instancias que fueron creadas a partir de los Acuerdos de Paz, para el fortalecimiento de los derechos humanos.

En Panamá se están viviendo problemas de alimentación, generados por los cortes de suministros de alimentos y no se garantiza el acceso de equipo de protección médica a la población rural. También se están criminalizando las protestas por el hambre y la violación de otros derechos humanos. 

El acceso a la educación se ha caracterizado por una pantomima televisiva que ha sustituido la educación pública, la cual ha recibido críticas de docentes y padres y madres de familia. En contraste, colegios privados, con programas traídos de Estados Unidos, continúan brindando sus servicios en distintas modalidades, sin ninguna regulación. Finalmente el gobierno sigue pidiendo préstamos cuyas responsabilidades de pago recaerán sobre la economía de las personas de a pie. En contraste, los mecanismos generados por las comunidades para soportar la crisis, no salen a la luz pública.

En conclusión, existen paralelismos entre la situación que se está viviendo en Costa Rica, Guatemala y Panamá. La existencia de una oligarquía que ha asumido el papel de un tirano, antes y aún con mayor intensidad, durante el empleo de la pandemia del COVID-19 como un arma de guerra en contra de las poblaciones. El deterioro de la educación pública. La desigualdad en la regulación del tránsito de mercancías, donde solo se permite el tráfico para la exportación. La restricción y pérdida de derechos individuales básicos. La represión de la protesta social. El manejo mediático de la pandemia para presentarla únicamente como una situación “médica”. La invisibilización tanto de los mecanismos de violencia como de sobrevivencia y el surgimiento necesario de mecanismos de resistencia comunitaria.

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