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Neoliberalismo, COVID y clases empobrecidas: Familias campesinas que ocupan la finca Las Nubes bajo amenaza de desalojo (Primera parte)

Más de 160 familias campesinas de Finca las Nubes, se encuentran bajo amenaza de desalojo en plena pandemia COVID-19

Realidad Nacional 12 de junio de 2020 Javier Carvajal
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Presencia de funcionarios del INDER en la finca para realizar estudios de cara a la adquisición de la finca

En la Zona Norte de Costa Rica, colindando con Nicaragua, se encuentra el cantón de los Chiles, justo ahí, se ubica la finca Las Nubes, un lugar en donde la gente se levanta antes de que salga el sol para enrumbarse al trabajo, ya sea para cultivar sus parcelas, asistir a alguna empresa agrícola que les explota, o cualquier otro trabajo que incrementa las estadísticas de empleo informal y/o desempleo del país. 

Es con el trabajo de comunidades como esta, que se mueve la economía del país y se cosecha el alimento que consumimos, sin embargo, siguen siendo uno de los sectores más empobrecidos por las políticas neoliberales impulsadas por el gobierno y sectores empresariales, que priorizan el mercado sobre la vida; la pandemia generada por el COVID-19, ha acentuado y visibilizado estás políticas, ejemplo de ello es lo que sucede con las más de 160 familias campesinas que habitan en la finca Las Nubes, un número que supera las 500 personas.

Mientras Costa Rica exporta un discurso de paz y de respeto hacia los derechos humanos, la realidad dista mucho de esa imagen fantasiosa que pintan los gobiernos de turno, derechos como acceso a la salud, al agua, la educación, vivienda, trabajo, electricidad, justicia tributaria, entre muchos otros, les han sido negados a las familias de finca Las Nubes, incluso en plena crisis económica, agravada por la pandemia, temen a ser desalojadas en cualquier momento de sus casas y ser despojadas violentamente del único medio de subsistencia que tienen, el trabajo generado en sus parcelas. 

Desde el 2 de diciembre del año 2019, varias familias campesinas se organizaron ante marginalización del estado, la pobreza y el desempleo, ingresaron a la finca Las Nubes con la única intensión de cultivar la tierra y poder salir adelante en un sistema que les ha negado sus derechos fundamentales, esto lo hicieron ante la inacción y la falta de voluntad política del gobierno de darle solución a las problemáticas que presentan los sectores campesinos, sin embargo y a pesar de que han generado un proyecto productivo (denominación utilizada en la legislación) que les permite la subsistencia, el Instituto de Desarrollo Rural (INDER), no ha tenido una intervención contundente en este conflicto y por el contrario viven ante el temor de ser desalojados de esta finca que registralmente le pertenece al Banco de Costa Rica (BCR).

La Ley 9036 “Transformación al IDA en el Instituto de Desarrollo Rural” del 2012, en el artículo 12, establece entre los deberes del INDER el comprar terrenos y traspasarlos a comunidades campesinas para su desarrollo y también establece la tarea de priorizar estos esfuerzos hacia los cantones que tienen los índices más bajos de desarrollo humano y social. Los Chiles se ubica en el puesto N°79 en el Índice de Progreso Social Cantonal 2019, sólo hay 82 cantones. Esto evidencia el rezago y el olvido que han tenido los diferentes gobiernos para con esta zona.

También se establece en el artículo 44 de la ley en mención el trato preferencial que debe existir de parte del Sistema Bancario Nacional y demás entes públicos a “ofrecer con preferencia sobre cualesquiera otros compradores, las fincas rurales con aptitud para el desarrollo rural y el fomento agrícola que resuelvan vender”, a pesar de que el INDER ha manifestado al Banco de Costa Rica la intención de adquirir estas tierras para asegurar la permanencia de estas familias y así garantizar el valor social de la tierra como medio de subsistencia, en dos ocasiones han llegado carros del BCR y de una empresa transnacional llamada “Cítricos TOTAÍ” con maquinaria para desalojar a estas familias, argumentando que han adquirido estos terrenos, si esto es cierto, el BCR podría estar violentando el ordenamiento jurídico costarricense, quebranto el artículo 44 de la ley N°9036.

El último intento de desalojo se dio este 9 de junio, pretendían tirar a la calle a más de 160 familias, el desalojo no se dio porque el Ministerio de Seguridad Pública indica no tener los recursos necesarios para atender desalojos en un contexto de pandemia y que realizarlos pondría en riesgo a los funcionarios de la fuerza pública y aumentaría el riesgo de contagio comunitario, y señalan que los desalojos se darán en el momento oportuno, esto se dijo a través de la Resolución N°1490-2020 DM.

El marco jurídico costarricense, tiene herramientas para solucionar problemáticas de esta índole, sin embargo, mientras no exista la voluntad política para hacerlo, persistirán y se agravaran las condiciones socioeconómicas de miles de personas y comunidades que atraviesan una situación similar a la de Las Nubes. 

Este medio informativo se une a la denuncia de la violación de derechos humanos de las comunidades campesinas y del marco jurídico costarricense perpetrado por los grupos empresariales en complicidad con el estado, responsabilizamos al gobierno de Carlos Alvarado Quesada de las consecuencias que pueda traer un desalojo a estas comunidades y la no atención de las problemáticas que aquejan al sector campesino de Costa Rica.

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